/Un siglo de inclusión social
Puente Rafael Urdaneta (Puente sobre el lago), del fotolibro "Maracaibo Cenital", 2007: Fotografía de Nicola Rocco ©ArchivoFotografíaUrbana

Un siglo de inclusión social

Por Roberto Briceño-Leon

A partir de una reflexión introductoria sobre los conceptos de oclusión e inclusión social, Roberto Briceño León (1) realiza hace un detallado recorrido por varios de los muy complejos y decisivos procesos de ampliación y profundización de los espacios de integración que tuvieron lugar en el siglo XX. Este texto es parte del libro La sociedad en el siglo XX venezolano

Poco antes de concluir el siglo pasado, hicimos una encuesta en la que les preguntamos a los entrevistados si ellos pensaban que la sociedad venezolana debía mantenerse como estaba, vivir algunas reformas o cambiar totalmente. Más de la mitad de los consultados, un 56%, opinó que debía cambiar por completo. El 42% dijo que había que hacer reformas, y solo un ínfimo 1,4% declaró que debía de conservarse en el estado en el que se encontraba (2). Los deseos de cambio eran sorprendentes. ¿Qué había pasado en aquel siglo que requiriera transformaciones de tal envergadura? ¿Fueron tan malos esos 100 años?

Al finalizar el siglo XX había en el país un malestar generalizado, una sensación de pérdida, de fracaso, que parecía indicar que los esfuerzos de la centuria habían sido vanos. Incluso, algunos políticos en ascenso aseguraban que se estaba «peor que antes». Ahora bien, ¿es posible decir que desde el punto de vista social se perdió ese largo tiempo?

En este texto afirmaremos que el siglo XX fue una centuria de inclusión en todos los aspectos de la vida social, lo que permitió la ruptura de barreras y la construcción de una sociedad más abierta, más igualitaria y más moderna. Más de lo se tenía antes y, tristemente, mucho más de lo que se tuvo después.

La oclusión social

Toda sociedad utiliza y necesita mecanismos de inclusión y de exclusión para organizarse y funcionar. Las sociedades producen artefactos como mitos, teorías, leyes o prejuicios para sustentar ese filtraje. Y luego, crean policías, ejércitos o matones dedicados a la tarea de hacerlas cumplir.

Ese filtro que clasifica y separa a los individuos entre unos y otros, que incluye y excluye al mismo tiempo, es un umbral que está constituido por unas barreras que llamamos oclusión social. Se trata de un proceso selectivo y organizador de la interacción social y del acceso a los recursos naturales o humanos, a la riqueza, el poder o el prestigio en cualquier sociedad, no existe una donde este dispositivo no funcione ordenando la relación y la distribución de las personas.

La conceptualización de este mecanismo fue desarrollada originalmente por Max Weber, quien lo denominó el Soziale Schliessung y lo usó para describir las aperturas y los cerramientos que se producen en las sociedades en el proceso de clasificación de los individuos en estamentos, castas o clases (3). Entre los sociólogos ha tenido una utilización reducida y tardía (4), pues solo fue puesto de relieve hacia los años setenta del siglo pasado por la sociología inglesa (5), y su empleo resultó muy restringido (6), quizá por el abrumador dominio de la noción marxista de clases sociales.

Lo singular de la manera como entiendo y uso aquí el concepto se debe a que no pone el énfasis en los resultados de la división social, sino en los mecanismos genealógicos que permiten su funcionamiento. Como maquinaria de producción de exclusiones, no está amarrado a una tópica de división social determinada, sino a los movimientos de su constitución, por lo tanto es dinámico y nos permite entender y valorar mejor su impacto en la sociedad. Para referirnos a estos procesos de exclusión se usan nociones tales como segregación o discriminación social (7). Pero estos términos denotan los resultados de un desarrollo social previo, el cual construye una representación mental que sobre ciertos valores o prejuicios clasifica a las personas por algunos rasgos y segrega a unas y a otras no, acepta a unas y discrimina a otras.

La oclusión es un mecanismo de organización social, y por lo tanto puede arrojar consecuencias malas o buenas. La mejora en las sociedades, lo que permite avanzar hacia una buena sociedad, es una voluntad y una labor continuas de reducción de las exclusiones injustificadas e injustificables.

Las exclusiones injustificables son las grupales o colectivas, como las que impedían a las mujeres votar, debido a su sexo; o a los hijos fuera del matrimonio disfrutar del apellido de su padre, porque estos no estaban casados. Las sociedades son mejores cuando las barreras que existen pueden ser moral y éticamente justificables, como establecer que solo quien tenga un título de médico reconocido puede realizar operaciones de apéndice o de vesícula. Las exclusiones justificables no son colectivas, son individuales. Por eso, es injustificable que a alguien que pretenda estudiar para ser médico se le excluya por ser mujer, judío o por no haber militado en el partido político en el poder.

Sin embargo, en la sociedad contemporánea es muy aceptada la oclusión colectiva basada en la nacionalidad. Entre dos personas nacidas el mismo día en dos orillas opuestas de un mismo río, una tendrá derecho a trabajar, ir a la escuela o al hospital y votar en las elecciones en su lado del río, pero la otra no. En este caso la exclusión no es el resultado de los rasgos individuales, sino de una representación social basada en la idea histórica de nación, que hace que la gente de un lado del río adquiera una nacionalidad y derechos, y la de la otra ribera no.

En la dinámica de la buena sociedad, la inclusión tampoco debe fundarse en rasgos colectivos, sino en rasgos o méritos individuales: las mujeres pueden llegar a ser médicos o ministras por sus capacidades y destrezas, y no por ser mujeres. Graduar de médico a una mujer, porque es mujer, o designarla ministra por su sexo sería una inclusión igualmente injustificable.

La representación social que sustenta a la oclusión de la que hablamos produce mecanismos que, de hecho, incluyen o excluyen a los individuos, pero esos procedimientos prácticos pueden ser formalizados y convertidos en dispositivos que estandarizan la representación y la convierten en tabúes, normas sociales o leyes.

Las inclusiones en el siglo XX

El siglo XX fue una centuria de acción sostenida contra las exclusiones y cerramientos sociales, formales e informales, de iure y de facto.

La marca de estos 100 años venezolanos fue el proceso de integración cada vez mayor de la población en la unidad nacional y en la conciencia histórica de un nosotros (8). Se produjo un derrumbe sistemático de las barreras que bloqueaban el acceso de las personas a las oportunidades de encuentro, estudios, movilidad, participación y disidencia. Se habilitó a gran parte de la población que estaba por fuera, se empoderó a los grupos sociales e individuos, se permitió a muchos nuevos ciudadanos acceder a más oportunidades.

Durante esta centuria Venezuela fue una sociedad que se caracterizó por la voluntad de sus actores de incluir a todos, de construir un nosotros amplio y plural, incluyente de los desiguales y diferentes. ¿Fue totalmente exitosa esa tarea? No, no lo fue. Nunca lo es. Ninguna sociedad logra ser completamente exitosa porque esa es una tarea infinita, siempre inacabada. Las sociedades derrumban unos muros un día y al siguiente se construyen otros.

Muy diversos procesos de inclusión ocurrieron durante el siglo XX y todos ellos proporcionaron más capacidades a los individuos y les ofrecieron libertad (9).

La inclusión en el territorio

Viajar a Caracas desde los Andes era un recorrido tortuoso y azaroso. Cuando a principios del siglo, el abuelo Ceferino decidió ir desde Valera a Caracas, tomó sus macundales y, después de recibir los sacramentos y firmar su testamento, se montó sobre la bestia que lo llevó hasta Motatán, donde subió al tren que lo trasladó hasta el puerto de La Ceiba, en el sur del lago. Allí se embarcó en una chalana hasta Maracaibo, donde tuvo que pernoctar, para luego trasbordar a un barco de mayor calado con destino a la isla de Curazao. Ahí debió permanecer varios días a la espera de que zarpara otro barco hacia el puerto de La Guaira. En Macuto decidió temperar unos días, antes de iniciar por tren la subida hacia Caracas, y ocuparse por fin de los negocios que lo aventuraban hasta la capital.

A comienzos del siglo XX la población de Venezuela rondada los 2,5 millones de habitantes y en su gran mayoría estaba asentada en las zonas rurales o en pequeños poblados dispersos en el territorio nacional.

El país se hallaba fragmentado y como unidad territorial prácticamente no existía. Eran bloques territoriales dispersos que se comunicaban más fácilmente con el exterior que con otras zonas nacionales aledañas. Y los intercambios internos eran posibles siguiendo los caprichosos cauces de los ríos, sobre los cuales se habían construido las ciudades y los puertos de exportación e importación. Los vínculos en Ciudad Bolívar eran con la isla de Trinidad, en Coro o Maracaibo con las islas holandesas, y desde San Cristóbal con Bucaramanga y Pamplona (10).

La primera y gran inclusión del siglo XX se concretaría en la edificación de un nosotros nacional que tuviera un sustento de territorio, que ya no fuera un país de islotes separados sino integrados, incluidos en una nación. Esta inclusión territorial se logró con la construcción de la red de carreteras nacionales que unía las regiones distantes con Caracas, y no solamente un trecho de vía o un tendido de ferrocarril que enlazara un punto de una región con otro igualmente aislado.

Los tres ejes carreteros que iban hacia el oeste desde Caracas hasta San Cristóbal por la carretera Transandina, para el este hasta Ciudad Bolívar, y al sur hasta San Fernando de Apure, buscaban permitir el dominio del país con un Ejército que podía llegar lejos desplazándose por tierra. Juan Vicente Gómez conocía bien la importancia de esas vías de comunicación, pues cuando tuvo que movilizarse para someter la rebelión de Ciudad Bolívar en 1903, debió trasladarse con sus tropas en barcos de vapor por el mar Caribe, e ingresar por el río Orinoco, antes de entrar en batalla y derrotar a los alzados en armas.

El motivo era político y militar, pero el resultado fue una inclusión que permitió el encuentro y surgimiento de un sentido de nación. El propósito era el ejercicio del poder central y la capacidad de llevar tropas hacia esas zonas en caso de que fuera necesario, pero lo que se logró fue una inclusión de las personas de esos lugares lejanos, quienes con mayor facilidad pudieron viajar a Caracas y al centro del país.

Ese proceso de inclusión territorial estuvo acompañado por el cambio en la economía de exportación del país que pasó de la agricultura al petróleo. Para 1900 el café (43%) y el cacao (20%) representaban los principales productos exportables del país. Dos décadas más tarde, en 1920, se mantenía casi igual, pero apenas 10 años después el petróleo pasó a representar el 80% de las exportaciones (11).

La exploración petrolera requería de abundante mano de obra para abrir caminos y poder asentar los campamentos que darían inicio a la explotación y exportación. En ese proceso de contratación de mano de obra se encontraron venezolanos que venían desde distintas regiones del país, y en la fusión de las diferencias se fue definiendo ese nosotros nacional.

En las décadas siguientes se continuaron construyendo carreteras y luego pomposas autopistas, pero la integración nacional y el poblamiento del territorio siguieron incompletos. En los años setenta se formuló un ambicioso proyecto de expansión territorial que se llamó la «Conquista del sur», sin embargo, para fines del siglo apenas un 5% de la población nacional vivía en el sur del Orinoco.

La inclusión en la ciudad

Para 1950 el petróleo representaba el 94% de las exportaciones del país y el segundo producto en relevancia era el café que había caído a un minúsculo 1%. La población nacional se había duplicado y pasaba de los 5.000.000 de habitantes, la mitad de los cuales ya estaba viviendo en ciudades. El país comenzaba a ser mayoritariamente urbano (12).

Lo que se llamó el «éxodo rural-urbano» fue un proceso de inclusión social que iba a su vez a generar la demanda de otras inclusiones sociales y políticas. A fines de los años sesenta mantuve reuniones con los nuevos pobladores de los barrios de Caracas y Cumaná, donde hacía mi trabajo, y en sus casas no tenían agua o electricidad. La pregunta que repetía era: «¿Por qué se vinieron a la ciudad?». Y la respuesta era siempre la misma: por la cercanía de la escuela, del hospital y las posibilidades de un mejor trabajo. No importaban las carencias, la ciudad representaba una esperanza de inclusión en una vida mejor y en la mayoría de los casos ese sueño se hizo realidad.

La inclusión en este espacio ha sido una aspiración desde la edad media. En esos siglos se requería un permiso del emperador para tener el derecho de vivir en la ciudad. Como el que se exigió en Cuba o en China en el siglo XX. En Venezuela no había que pedirle permiso a nadie para viajar a Caracas, y los campesinos se mudaron a las ciudades. En el curso de un siglo el país pasó de ser uno de los que presentaba la mayor urbanización de América Latina, con un 87,2% de la población viviendo en las urbes (13).

Entre los recién llegados, unos pudieron acceder a la ciudad formal y otros no. La propiedad de la tierra y las normativas urbanas se lo impidieron. Las orillas urbanas, que históricamente habían acogido a los nuevos pobladores, y pautado el crecimiento de las cuadrículas citadinas, se vieron desbordadas por los estos habitantes que deseaban ser incluidos. Eran tantos, que las orillas no se dieron abasto y fue necesario que ellos mismos construyeran su urbe. Y lo lograron. Fueron incluidos en la ciudad, pero su ciudad no fue reconocida.

La sociedad y el poder mantuvieron una relación ambigua con los nuevos habitantes urbanos; por un lado los aceptaban e incluían, pues representaban mano de obra para los nuevos servicios y la construcción, pero por otro lado los denigraban y querían excluirlos como ilegales o peligrosos. Por décadas hubo repetidas políticas de «erradicación» de los barrios de ranchos, algunos soñaban con expulsarlos de la ciudad y regresarlos al campo.

Las primeras barriadas de ranchos en Caracas aparecieron cerca de 1910 y durante casi todo el siglo no fueron aceptadas ni reconocidas por el poder. Estaban incluidas en la realidad de la ciudad, pero excluidas en la formalidad. Las autoridades las veían, pues las tenían frente a sus ojos, pero simulaban no verlas, fingían ignorarlas. Por décadas, los planos urbanos pintaban las extensas zonas de barrios de color verde, con lo que pretendían señalar que se trataba de bosques o parques (14).

En el Censo de Barrios realizado en 1978 se contaron 1.795 barriadas con 4.200.000 personas, el 35% de los habitantes del país (15). Sin embargo, la exclusión simbólica se mantuvo hasta 1987, cuando se aprobó una ley de ordenación urbana que reconoció cartográficamente su existencia. A partir de allí, la gente de los barrios fue incluida formalmente en la vida urbana y el 40% de la población de Caracas, el 64% de Maracaibo y el 69% de Maracay obtuvieron un reconocimiento de su derecho a la ciudad (16).

Fábrica de enlatados (S/F) : Luis Felipe Toro ©ArchivoFotografíaUrbana

La inclusión en el trabajo libre

A comienzos del siglo XX aquellos campesinos que tenían deudas con los dueños de las tierras en las cuales estaban asentados, no podían desplazarse a otras tierras ni trabajarle a otro patrón. Y era muy fácil adquirir esas deudas, pues casi inevitablemente ellos debían pedir prestado para afrontar los gastos extraordinarios.

La relación entre los dueños de la tierra y los campesinos podía tener dos formas: o el patrón le pagaba con fichas o el campesino le retribuía al propietario con el producto de su cosecha. En cualquiera de las dos, el dinero era escaso o inexistente.

Cuando el propietario le pagaba al campesino o jornalero, lo hacía con unas fichas que al ser monedas locales, solo se podían cambiar por bienes en la tienda establecida dentro de la misma unidad productiva. Y cuando a este se le agotaban las fichas, pues podía pedir prestado para sus necesidades en ese comercio. Y así todo quedaba en casa.

Cuando era el campesino quien al final de la cosecha le pagaba al dueño de la tierra con la mitad o la tercera parte de lo cosechado, debía esperar a que se pudieran recoger los frutos de la siembra para abonar su renta, y vender lo restante y recibir su plata. Mientras tanto, podía alimentarse con las vituallas de su conuco o de los animalitos del corral, pero si necesitaba de algo más, requería dinero para comprarlo. Como no lo tenía, se dirigía a la tienda de la hacienda donde le proporcionaban un crédito cuyo saldo anotaban haciendo «rayas» en un cuaderno. Era la tienda de las rayas. Cuando lograba vender la cosecha, pagaba su deuda. A veces no le alcanzaba, y lo que debía se trasladaba hasta la próxima temporada de la recogida de lo sembrado.

Para la población rural que laboraba en la producción del café, el cacao, la caña de azúcar o en las haciendas ganaderas, no existía propiamente un trabajo libre.

Estas condiciones del trabajo mudaron a partir del impacto que la crisis capitalista mundial tuvo en las exportaciones de Venezuela, por una reducción de la demanda internacional primero, y luego por la pérdida de competitividad que tuvieron los productos nacionales, debido a la revaluación de la moneda que realizó el gobierno de Juan Vicente Gómez, al mismo tiempo que otros países de la región devaluaban sus monedas para hacer competitivo el precio de sus exportaciones.

Los peones o jornaleros que eran pagados con fichas, dejaron de recibir su paga, y los acuerdos que tenían con los dueños de la tierra para la remuneración en especies, fueron alterados. En medio de la crisis de las exportaciones agrícolas, los campesinos habían cumplido con su parte y abonado la renta con la cosecha, pero el propietario no había podido venderla, entonces comenzó a exigir el pago de la renta en dinero.

Paralelamente, surgía el papel transformador de la industria petrolera y del ingreso del crudo en la liberalización del trabajo. Esta actividad impulsó el pago de salarios a los obreros en condiciones propiamente capitalistas, y el gobierno central empezó a disponer de mucho más dinero con el cual contratar obras y remunerar con salarios o emplear más personal público para las oficinas del aparato del Estado que se estaba formando, o garantizar la paga a soldados y policías en los cuarteles.

La inclusión en el trabajo libre significó la inserción en un sentido diferente del tiempo y en un dominio de su temporalidad humana, de su capacidad de vender libremente y al detal su horario de trabajo. La limitación de las nueve horas de jornada implicó incorporar la noción de tiempo de trabajo y tiempo de ocio. La reforma de la Ley del Trabajo de 1947 introdujo la separación entre días laborables y asueto, que no existía para el campesino más allá de las eventuales misas dominicales. De igual modo, cuando se aprobaron los 15 días de asueto pagado, apareció el concepto de «vacaciones», con el que tampoco se contaba en la vida de campesina, acostumbrada a que las horas libres las pautaran las lluvias y las cosechas.

El trabajo libre significó también una inclusión en la economía monetaria. El trabajador tenía su dinero y podía disponer dónde comprar los bienes o a dónde ir para vender su producción. La vida en la ciudad y el trabajo libre abrieron las puertas para muchas otras demandas de inclusión social y política.

La inclusión política

La inclusión política en el siglo XX fue un proceso de habilitar a los pobladores de estas tierras en su capacidad de participar e incidir en la forma de gobernar y de ejercer el poder. Esta facultad de tener derecho a participar y elegir es un componente central de la democracia (17).

La Revolución francesa proclamó que todos los hombres eran iguales. Sin embargo, cuando se pasó a establecer quiénes podían ejercer el derecho a votar para escoger las autoridades en la Constitución de 1791, se excluyó a las mujeres. Y también a muchos hombres, pues había unos a quienes se les consideraba «activos», y que podían votar, y otros que eran «pasivos» y se les negaba tal derecho. Esas exclusiones en la interpretación de la ciudadanía política fueron trasladadas a Venezuela después de la Independencia y hasta el siglo XX.

La Constitución de 1819 establecía que solo podían votar los ciudadanos activos, casados o mayores de 21 años, que supieran leer y escribir y con propiedades de 500 pesos o un oficio o grado militar o científico reconocido con una renta de 300 pesos anuales (18). Para 1846 se consideraba que la liberalidad del sufragio en Venezuela era mayor que la de otros países latinoamericanos (19), pero se mantuvieron las restricciones y a principios del siglo XX la gran mayoría de la población venezolana estaba excluida del derecho a escoger a sus representantes y, en consecuencia, a sus gobernantes, pues se exigía ser varones, mayores de 21 años y alfabetizados. Y la mitad del país eran mujeres y el 72,2% no sabía leer ni escribir (20). En las ciudades, que era donde mayormente se podía ejercer el derecho al voto, solo un 25% estaba alfabetizado (21).

Esto cambió de manera radical en el siglo XX, cuando la idea de la igualdad política que había surgido más de una centuria antes se hizo realidad en Venezuela y todos los hombres y mujeres disfrutaron de una inclusión política.

Comenzando el siglo ya se había eliminado la necesidad de ser propietario, pero las grandes inclusiones políticas ocurrieron sobre los años cincuenta en la sociedad urbana y de trabajo libre. En 1945 se incluyen a las mujeres en el sufragio para las elecciones municipales y en 1946 se les permitió votar en los comicios nacionales. En ese mismo año se incorporan a los analfabetos a los procesos de votación y se disponen las tarjetas de colores para permitirles el ejercicio de su derecho a sufragar.

Es relevante destacar que unos años antes se había aprobado la Ley de Impuesto sobre la Renta para los individuos, pues antes pagaban solo las empresas y comercios, con lo cual la idea presente era que las personas contribuyeran con el mantenimiento del Estado y por ello tenían el derecho a decidir sobre su conducción.

En este siglo también se derrumbaron las barreras de exclusión ideológica para la participación en política. El «inciso sexto» que había establecido Juan Vicente Gómez en 1928 como prohibición de la propaganda comunista, y que se mantuvo en la Constitución de 1936, de Eleazar López Contreras, el cual permitió la exclusión de las elecciones o la persecución de los comunistas, fue desapareciendo y reapareciendo a lo largo del siglo, pero cada vez con menos fuerza y legitimidad. Y al finalizar la centuria, ningún partido u orientación ideológica estaba excluido de participar en los comicios nacionales (22).

Para fines del siglo, la lucha por la inclusión política se concentró en dos demandas: la elección directa de gobernadores y alcaldes, y la escogencia personalizada de los representantes ante los cuerpos deliberativos. A fines de 1989 por primera vez los habitantes de un estado o municipio entran en un proceso de inclusión al lograr ejercer su derecho a escoger sus autoridades locales, las cuales hasta ese momento habían sido designadas por los presidentes de la República y servían al control partidista de las regiones. Los partidos también controlaban los candidatos a diputados o concejales, pues las votaciones se hacían con listas cerradas y bloqueadas, con lo cual los individuos estaban limitados, ya que era necesario ser miembro o estar avalado por una tolda para poder ser un aspirante al cargo (23). Esta oclusión generó un movimiento social, esencialmente de clase media urbana, que exigía que se votara por personas y se superara la democracia partidista (24). En 1992 se permitió la elección uninominal de concejales y en 1993 la mitad de los diputados electos fue votada de manera personalizada.

Estos dos actos inclusivos significaron una ampliación de la pluralidad democrática, y solo son comparables con los ocurridos en los años 1945-1947. Con la elección directa de autoridades locales y representantes se completó un siglo de inclusión política.

La inclusión en la familia

La exclusión en la formación de la familia se ha guiado por las reglas que regulan la endogamia y exogamia. Hay pautas bastante universales como la prohibición del incesto, que es una oclusión clara de la consanguinidad.

Pero hay otras exclusiones sociales en las prácticas y costumbres. Existen endogamias de tipo social, por el color de piel o la clase social o la nacionalidad. En el sector de clase media y de propietarios, el modelo era endogámico en la formación de la familia formal, con la esposa y del mismo estatus, pero exogámico con la amante pobre. En el caso de muchos grupos de inmigrantes del siglo XX, la endogamia estaba fundada en la nacionalidad; muchos españoles, libaneses o sirios, viajaron a sus tierras de origen a buscar esposa, aunque luego podían establecer una nueva pareja con una criolla.

La inclusión en la familia durante el siglo XX fue una afirmación de la diversidad de formas posibles de hacer pareja y de configurar el núcleo familiar; se reconocía a las parejas no unidas formalmente y a los hijos en cualquiera de las condiciones legales que se hubieran procreado (25).

La inclusión en el derecho a constituir una nueva familia aparece con la legalización en 1904 de la disolución legal del vínculo conyugal antes de «que la muerte nos separe». Esta fue una medida muy relevante y temprana en Venezuela, pues otros países de América Latina, como Argentina, Colombia y Chile, no tuvieron el divorcio sino hasta fines del siglo XX, excepto Uruguay donde se estableció en 1907.

Esta dinámica social fue mutando pues cambió desde el «divorcio castigo» del hombre hacia la mujer de inicios de siglo hacia una concepción del «divorcio remedio», que en 1982 se convirtió en separación de cuerpos y divorcio en consentimiento por el artículo 185A. Los padres divorciados guardaban los mismos derechos sobre los hijos, pues la patria potestad era compartida y las obligaciones de manutención también, solo se discutía la guarda de ellos.

La inclusión también ocurrió con las familias que no querían legalizar su unión de manera legal. De un modo progresivo se fueron aceptando socialmente las parejas que vivían en concubinato, lo cual condujo a darles estatus jurídico a los que siempre fueron matrimonios de hecho, y por esa inclusión se le otorgaba, por ejemplo, a la concubina los mismos derechos económicos que a una esposa legal.

También hay que decir que en el siglo se incrementaron las uniones legales. Para 1910 se contaban dos matrimonios por cada 1.000 habitantes, para 1980 esa tasa se había triplicado y eran seis matrimonios. Venezuela es una excepción en América Latina por el gran número de uniones libres y divorcios, que son seis veces más que en el resto de la región (26).

Una muy poderosa forma de exclusión social era la que vivían los hijos llamados «naturales» o ilegítimos, es decir, los habidos fuera del matrimonio. El registro en los documentos de identidad con un solo apellido, el de la madre, era motivo de exclusión en algunas escuelas y estigma en ciertos medios sociales. A comienzos de siglo, en 1911, el 71% de los hijos eran ilegítimos; a fines de siglo, en 1979, este porcentaje había descendido al 52% para estabilizarse durante el resto del siglo. Aunque la ilegitimidad era vivida como algo normal entre campesinos y pobres urbanos, muchos padres querían reconocer a sus hijos aun estando casados con otra mujer, pero había restricciones formales que lo impedían.

La inclusión en la igualdad de derechos a los hijos habidos fuera del matrimonio la ofreció la reforma del Código Civil de 1982. A partir de allí, él tuvo derecho a que su padre lo reconociera en cualquier circunstancia, y si este contradecía la paternidad, era posible entablar una acción judicial conducente a verificar la filiación biológica y el rechazo a las pruebas clínicas del supuesto padre podían considerarse una prueba en la «presunción» de la paternidad del niño.

Al finalizar el siglo la inclusión se amplió a la identidad. Por ley, el hijo podía recibir los dos apellidos de uno de sus progenitores, y si este tenía un solo apellido, podía repetirlo y así tener los dos, como los hijos de un matrimonio legal (27). El estigma excluyente del único apellido había desaparecido.

La inclusión de los extranjeros

A finales del siglo XIX los políticos y la intelectualidad debatieron mucho sobre la necesidad de fomentar la inmigración en el país. Era comprensible, pues se necesitaba reponer la mano de obra en una geografía en la que las guerras de Independencia y Federal habían devastado su fuerza de trabajo.

Venezuela no tenía barreras para la inmigración. Más aún, estaba tan deseosa de recibirla que se mantuvo dispuesta a pagarles el pasaje a los inmigrantes y a eximirles del pago de impuestos a los bienes que trajeran consigo; así lo expresaban los planes oficiales (28). La inmigración se consideraba como el fundamento sobre el cual se podrían cubrir otras urgencias (29).

A comienzos de siglo XX la actitud del poder cambió y, en 1903, el gobierno de Cipriano Castro decidió controlar la inmigración como respuesta al bloqueo sufrido por las potencias extranjeras. Pero esto duró poco y lo que puede caracterizar al siglo es todo lo contrario: un proceso de apertura e inclusión de los inmigrantes. La convocatoria a la inmigración que se había vociferado en el siglo XIX se concretó en el siglo XX, y al país llegaron grandes contingentes que cambiaron la composición demográfica.

El porcentaje de población que en los censos nacionales declaraba haber nacido fuera del país subió del 1,2% en 1900 al 7,2% en 1961. En 1981, de los 14,5 millones de habitantes que tenía el país, 1.000.000 eran extranjeros, la mitad de ellos colombianos. Y otros tantos que nacidos en el exterior ya no se contaban allí, pues se habían nacionalizado.

La exclusión de forasteros es uno de los mecanismos de oclusión social más comunes en el mundo, pero en Venezuela durante el siglo XX esas puertas estuvieron bastante abiertas como procedimiento oficial y como actitud de apertura e inclusión de la población.

Sin embargo, el ingreso de foráneos no estuvo exento de otros mecanismos de oclusión social que han rondado en la sociedad. Si bien el cerramiento de Castro tenía que ver con motivos políticos inmediatos de los reclamos del pago de indemnizaciones por las guerras que habían hecho los nacionales europeos, las negativas posteriores tuvieron otras motivaciones raciales, ideológicas, religiosas.

Los llamados a la inmigración estuvieron en algunos momentos marcados por la idea de la necesidad de «blanquear» la sociedad, de quitarle peso al mestizaje que se había generalizado y que definía a la gran mayoría de los venezolanos (30). La intención de blanquear tenía un componente biológico, el color de la piel, pero también uno cultural que había estado muy de moda en el cambio de siglo sobre la superioridad cultural de los blancos europeos, y que se creía era la base social sobre la que se habían logrado construir la industria y las ciudades europeas.

Aunque la Ley de Inmigración de 1936 excluía a cualquier persona que no fuera de raza blanca, en los años previos habían ingresado para laborar en la industria petrolera, como supervisores o traductores, muchos trabajadores de piel oscura proveniente de las islas del Caribe. La legislación posterior de 1938, orientada al control de la inmigración, establecía una forma de exclusión ideológica, pues excluía a judíos y españoles, por la presunción de que podían ser comunistas (31).

La oclusión religiosa que restringía la inmigración de otras creencias, también se fue derrumbando. En el siglo XIX ya los anglicanos estaban admitidos y se había establecido el cementerio inglés. En las propuestas para el fomento de la inmigración de Guzmán Blanco, el matrimonio civil les garantizaba que pudieran casarse fuera de la Iglesia católica. En el siglo XX la migración extranjera fue incluida en la sociedad con sus credos y se permitió la edificación de sus lugares de culto.

Al terminar la Segunda Guerra Mundial, en un lado del Atlántico se encontraban los países europeos destruidos y con una población en la miseria y, del otro, Venezuela que se había convertido en el primer exportador mundial de petróleo, con ingentes recursos y muchos requerimientos de fuerza de trabajo calificada para satisfacer las demandas de la creciente población urbana (32). La tentación era grande.

Aunque muchos llegaron al país en medio de la política de «puertas abiertas» con el propósito de trabajar en el campo, su inclusión fue en las ciudades. Estos inmigrantes desempeñaron un papel clave en la construcción de las urbes y de la vida citadina a mitad del siglo XX.

En 1941 había 94.000 extranjeros, en 1951 sumaban 208.000, cuatro veces más, y en 1961 eran 541.000. En 20 años habían llegado más de 500.000 (33).

Durante la gran bonanza petrolera de los años setenta, el atractivo de la riqueza que desbordaba a Venezuela volvió a traer nuevas corrientes migratorias. El país reactivó los mecanismos de oclusión e impuso la exigencia de visa y controles férreos, los cuales nunca fueron eficientes, y a la sociedad no le importaban, pues aceptaba a los forasteros con generosidad. Llegaron inmigrantes del Cono Sur huyendo de las dictaduras, de Colombia esquivando la guerra interna, y de Portugal los que habían salido de las antiguas colonias de África empujados por la independencia y las guerrillas.

A partir de los años ochenta el flujo cambió y se inició un proceso sostenido de retorno de muchos inmigrantes a sus países de origen o su mudanza a otras naciones. También se aceleró la salida de sus hijos o nietos venezolanos, quienes habían heredado la nacionalidad de sus ancestros. Entre 1981 y 1991 se redujo en varias decenas de miles el número de españoles, italianos y de otros países europeos. Fueron entonces las condiciones económicas del país las que forzaron sus salidas.

El siglo culminó con el levantamiento de la oclusión política de los extranjeros en la participación política local. La Constitución de 1999 les dio el derecho al voto en las elecciones parroquiales, municipales y estadales, a quienes tenían más de 10 años viviendo en el país. Se culminaba así un ciclo de inclusión en la materia.

La inclusión del mestizaje

Cuenta Augusto Mijares una historia ubicada a comienzos del siglo XX según la cual una señora encopetada y con muchas ínfulas, indagaba con su criada acerca de la «blanquitud» de unos vecinos. La interpelaba preguntándole: ¿Y son blancos, blancos, blancos? A lo que la criada respondía: Mire, doña, esos tres toques los soportan muy pocas familias en Venezuela (34).

En el país, el mestizaje es una realidad social y una ideología de la inclusión que se hizo realidad en el siglo XX. El reconocimiento de esta realidad ha estado presente desde los tiempos de la Independencia y fue una respuesta a la oclusión racial que tenía la Corona española y que había llevado hasta los juicios de pureza de sangre. El proceso de emancipación de los esclavos y las guerras internas, con su consiguiente movilización de la población, habían empujado el mestizaje. Pero en esta centuria la unión del país a través de las carreteras y el proceso de migración interna, lo convirtieron en una realidad biológica y cultural, la población se podía reconocer en su diversidad y se aceptaba. Ciertamente, al inicio del siglo, todavía en muchos pueblos andinos las personas salían a la calle a observar con curiosidad algún negro recién llegado de las tierras bajas. Pero eso se fue disipando, y apareció en la cultura local el orgullo del mestizaje como una poderosa herramienta ideológica capaz de contener las embestidas del racismo. Ser mestizo era un orgullo, pues eso era ser venezolano (35). Claro, no era del todo verdad, pero funcionaba como una contención pública a la oclusión.

A mitad del siglo, Andrés Eloy Blanco escribió su reclamo y pidió que en las iglesias se pintaran angelitos negros comiendo mangos por los caminos del cielo. El éxito del poema en la sociedad recogía un sentimiento generalizado de inclusión social, que rechazaba en los discursos y los comportamientos públicos, cualquier conducta que pudiera tener un tufo de racismo.

En el país el color de la piel ha estado históricamente asociado a una condición de clase o de estrato social. La representación mostraba que los blancos eran ricos y los de tez oscura pobres. Eso no era exactamente así, pues no todos los blancos eran educados, propietarios ni ricos. De hecho, la mayoría de ellos eran pobres. Pero tampoco todos los morenos o negros eran obreros, pobres y sin educación. El mestizaje y el ascenso social habían dado resultados positivos.

Dos procesos ocurrieron a mediados del siglo XX que alterarían las dinámicas del mestizaje. El primero fue el surgimiento de una amplia clase media. El impulso de la educación y del crecimiento del empleo urbano provocó una movilidad social generalizada que ubicó en un rol social más prestigioso a muchos mestizos. Y el segundo, la llegada masiva de inmigrantes europeos, quienes si bien podían resistir los tres toques de la señora con ínfulas, eran trabajadores, poco educados y, la mayoría, ciertamente pobres. En la segunda mitad de la centuria esos dos procesos contradictorios perturbaron la concomitancia que había existido entre clase y color de piel, y favorecieron la inclusión en el país.

A fines de siglo pasado realicé varias encuestas en las cuales pedía a los consultados que se definieran a sí mismos en un gradiente de distintos tonos de piel. Los resultados fueron que una cuarta parte declaró que se consideraba blanco (24%); un 29% se reconocía como mestizo o trigueño; un 36% mulato o moreno y un 5% negro. Fuera del gradiente, estaba la categoría de los indígenas, y un 2% la asumió. Un 3% no quiso responder. Si sumamos los mestizos y mulatos, tenemos que representan un poderoso 65% del país (36).

Al finalizar el siglo otros dos procesos muy diferentes tendieron a frenar el valor del mestizaje como mecanismo de inclusión social. Uno fue el ascenso social de los descendientes de los migrantes, quienes se hicieron clase media o ricos, y comenzaron a defender su «blanquitud». Y otro, el surgimiento del movimiento afrovenezolano y su defensa de la negritud.

La ideología del mestizaje se debilitó, y con ello la inclusión, pues así como el racismo es la ideología de la exclusión sin fundamento, la del mestizaje es la inclusión con algún fundamento, y muchas esperanzas.

La inclusión religiosa

Venezuela nació como una república excluyente desde el punto de vista religioso. La Constitución de 1811 afirmaba categóricamente que «La Religión, Católica, Apostólica, Romana, es también la del Estado y la única y exclusiva de los habitantes de Venezuela», y subrayaba que no permitiría «jamás en todo el territorio de la Confederación, ningún otro culto público, ni privado, ni doctrina contraria a la de Jesucristo».

Esta situación fue cambiando a lo largo del siglo hasta consentir la «libertad de cultos» y al mismo tiempo restringir el poder de los grupos religiosos católicos, las más de las veces por motivaciones políticas, derivadas de la asociación de los catolicismos con la Corona española. Aunque desde 1834 se permitía operar a la iglesia anglicana, en reconocimiento al apoyo recibido durante la Guerra de Independencia, y su cementerio funcionaba desde 1834, hasta 1874 la única religión aceptada oficialmente era la católica. Y no fue sino hasta la década siguiente cuando se quebró la oclusión y se permitió a otros credos realizar el culto fuera del templo, en las calles.

La inclusión religiosa también tenía su inspiración en el espíritu laicista que se expandía por Europa. Si bien la Ley del Patronato Eclesiástico de 1824 estuvo vigente por 140 años, hasta 1964, las relaciones entre la Iglesia católica y el Estado fueron cambiando durante esos años. La idea de la «república» como entidad incluyente de todos los ciudadanos se fue propagando desde fines del siglo XIX hasta el XX. La decisión de Guzmán Blanco de traspasar de la Iglesia católica al Estado la protocolización de los tres actos vitales fundamentales, como el nacimiento, el matrimonio y la defunción, representó un mecanismo de inclusión impulsado por el laicismo republicano.

Sin embargo, ese mismo laicismo había promovido la exclusión de los grupos religiosos católicos, porque en el fondo no estaba inspirado en una idea de la inclusión por la vía de la libertad de cultos, sino en un sentimiento antirreligioso, muchas veces atribuido a la masonería. Por eso, al comienzo del siglo y recién instalado en el poder en 1900, Cipriano Castro derogó el decreto de Guzmán Blanco que prohibía los seminarios y se inició una apertura en el área. Retornaron al país las congregaciones religiosas, entre ellas los jesuitas, quienes llegaron en 1916 a encargarse de un seminario, y otras se dedicaron a la educación: las hermanas del Tarbes abrieron su colegio en El Paraíso en 1902, y los hermanos de La Salle inauguraron su plantel en Tienda Honda en 1922. Ya en los años cuarenta, cerca de la mitad de los estudiantes de bachillerato en el país cursaba sus estudios en colegios católicos.

Esa apertura no significaba un retroceso en la separación entre la Iglesia y el Estado, sino la inclusión de otros cultos y la expansión del espacio no religioso de la república. La ley del divorcio de 1904 lo confirmó de una manera importante y progresista, pues aunque hubo protestas en el clero y la Primera Conferencia Canónica de ese mismo año defendió el «matrimonio cristiano», se mantuvo la decisión republicana que impulsaba la inclusión legal de las nuevas familias recompuestas después de una separación.

Otra inclusión importante se derivó de la modificación de la Ley de Patronato Eclesiástico de octubre de 1911, la cual extendió su cobertura hacia los cultos no católicos. Si bien sus consecuencias prácticas parecen haber sido pocas, significó un reconocimiento de la diversidad religiosa en el país que estuvo vigente durante casi toda la centuria.

El siglo XX fue un tiempo de inclusión religiosa, al país llegaron y se establecieron diversas creencias religiosas, sin restricciones de las autoridades ni rechazo por parte de la población. Aunque los judíos tuvieron una dificultad de ingreso al país entre 1934 y 1950, la norma no se cumplió estrictamente ni tampoco se molestó a los que previamente se habían instalado en el estado Falcón o en Caracas. Ashkenazis y sefardíes crecieron y pudieron construir sinagogas y fundar escuelas. Durante los años cincuenta, junto con la gran inmigración europea, se autorizó nuevamente la entrada de religiosos católicos extranjeros. Y con esa apertura no solo llegaron más judíos, sino también ortodoxos rusos, serbios, griegos. Los musulmanes se incrementaron con las migraciones de sirios, libaneses y guyaneses que se instalaron en las ciudades del interior del país y fundaron un Centro Islámico. Eran comerciantes minoristas y en su mayoría sunitas. Luego, por las alianzas políticas derivadas de la presencia de Venezuela en la OPEP y la riqueza de los años setenta, esa inmigración musulmana aumentó y se diversificó, y se facilitó la construcción de la gran mezquita de Caracas que abrió sus puertas en 1993.

Las distintas denominaciones evangélicas o protestantes fueron, después del católico, los grupos religiosos más grandes del país y su crecimiento ocurrió a expensas de la feligresía católica, que se redujo en el último cuarto de siglo. Para fines del XX, los católicos representaban el 87% de la población, las denominaciones protestantes que estaban creciendo a expensas del catolicismo constituían el 6% y otro 6% declaró que creía en Dios sin pertenecer a una religión (37).

La presencia de cristianos no católicos en las zonas indígenas constituyó un motivo de controversia desde mediados del siglo, pues misiones católicas y dirigentes políticos exigieron su exclusión de estas áreas. Los argumentos eran muy variados, desde la tutela que debía ejercer el Estado sobre ellos y las autorizaciones previas a los capuchinos, hasta la protección de la soberanía nacional de los agentes extranjeros. Sin embargo, la política de no exclusión se mantuvo, y las Comisiones Indígenas autorizaron el ingreso de grupos evangélicos a estos territorios. Incluso a los integrantes de las New Tribes Mission, acusados de manipulación psicológica, espionaje militar y extracción de minerales, nunca se les retiraron sus visas ni se les prohibió su presencia durante el siglo XX.

A partir de 1967 otra denominación religiosa cristiana no católica, los mormones, inició una nueva labor misionera, pero orientada hacia la clase media urbana y profesional. Ellos tuvieron una aceptación importante y lograron crear varias «estacas» en el interior del país y al concluir el siglo, en 1999, construyeron su templo en una urbanización de clase media de Caracas.

A pesar de todos esos procesos de inclusión, a finales del siglo XX, muchos líderes religiosos protestantes consideraban que no había una verdadera libertad de culto, sino apenas una tolerancia religiosa, pues el poder siempre actuaba junto al catolicismo (38).

La tendencia a la inclusión religiosa se mantuvo a lo largo del siglo, esencialmente en la forma de libertad, es decir, que la religión no fuera un motivo de exclusión social. Aunque en diversos momentos, la identificación de la identidad nacional con el catolicismo permitió que algunos conflictos de tipo social o político tomaran una forma religiosa nacionalista y llevaran a la exclusión, unas veces contra los sacerdotes por españoles, y otras contra los protestantes por gringos.

En el espíritu republicano solo se mantuvo una exclusión, y no de fe religiosa, sino de oficio. Desde 1947 se exigió ser seglar para poder optar por la Presidencia de la República. Confirmando así el carácter no religioso del Estado.

A finales del siglo, los colegios católicos, donde por años se había exigido la presentación de la fe de bautismo para la inscripción de sus nuevos alumnos, eliminaron ese mecanismo de exclusión. Y aunque las instituciones continuaban siendo cristianas, podían asistir alumnos de cualquier religión o de ninguna. Con sus bemoles e insatisfacciones, la inclusión religiosa se consolidó.

La inclusión en el Ejército

La oficialidad militar fue tradicionalmente una ocupación excluyente que solo era posible para la aristocracia de un país que podía darse el lujo de formarse en las artes militares. En Venezuela, después de Simón Bolívar, Carlos Soublette y Santiago Mariño, el Ejército tuvo una composición social diferente. Y así fue desde José Antonio Páez y sus llaneros hasta el fin de siglo, cuando las montoneras de Cipriano Castro y Juan Vicente Gómez derrocaron al gobierno.

Aunque hubo algunos militares con estudios, como Francisco Linares Alcántara, el hijo del presidente homónimo, quien estudió en West Point y luego participó en la invasión del Falke, la mayoría de los grados militares se ganaban en el campo de batalla, sin estudios y con ejércitos privados que eran pagados con los recursos de los propietarios de la tierra o de los banqueros.

En el siglo XX se integra un Ejército Nacional, pues se requería un control más eficiente del territorio. Con ese propósito se creó la Academia Militar, en 1910, para la formación de los oficiales, con profesores de una misión militar chilena, y la Escuela de Clases de La Grita con el fin de capacitar al personal militar de apoyo. Ambos centros educativos recibieron principalmente hombres provenientes de la región andina.

A diferencia de otros países de América, en los que existía un proceso de exclusión social, pues había que pagar por la formación en las escuelas militares, y por lo tanto solo las familias con recursos podían financiar los estudios de sus hijos en esa carrera, en Venezuela, en el siglo XX, las academias militares fueron gratuitas y por lo tanto inclusivas.

A pesar de que esa inclusión nunca fue completa, pues la preferencia regional hizo que por un tiempo se excluyeran a los no andinos y, años después, las preferencias políticas llevaron a que se relegaran a los de otras simpatías partidistas, la tendencia del siglo fue a la inclusión y a la construcción de unas Fuerzas Armadas profesionales.

Para combatir las exclusiones previas, durante la «Revolución de Octubre» se suprimieron todos los cargos por encima de mayor, muchos de ellos militares «chopo ‘e piedra» y a quienes se presumía vinculados con el gomecismo. Para evitar el regionalismo, durante el gobierno de Rómulo Gallegos se crearon cuotas por estados, para que candidatos de otras regiones del país pudieran ingresar en la carrera militar (39).

El mecanismo de exclusión que fue tomando relevancia en el Ejército fue el nivel educativo de los candidatos. Los oficiales graduados en las academias fueron colocados en posiciones de mando. Se crearon las academias de la Aviación en Maracay y de la Marina en Puerto Cabello. Y con el tiempo se aumentaron los requisitos para el ingreso: de tener estudios de primaria, se pasó a exigir el tercer año aprobado y luego el bachillerato. Esta capacitación académica tuvo mayor relevancia que la destreza física.

La difusión de la educación pública gratuita a lo largo del siglo permitió a una mayor cantidad de población tener acceso a esos niveles educativos, y así ampliar sus posibilidades de inclusión en el Ejército. Más adelante, a los cadetes admitidos se les daba una beca modesta que les permitía cubrir sus gastos personales, pero de cualquier modo las diferencias sociales de sus familias de origen se hacían sentir, y no solo por los bienes adicionales que podían consumir, sino también por las habilidades y cultura que habían adquirido en la mesa familiar.

Eso dio una composición social diferenciada de los distintos cuerpos de las Fuerzas Armadas. Un amplio grupo de individuos originarios de sectores de menos ingresos pertenecía a la Guardia Nacional, una composición mixta se encontraba en el Ejército, y un mayor número de clase media estaba en la Aviación y en la Armada. La razón de esta distinción en la inclusión fue educativa y cultural, pues para los estudios de la Marina y la Aviación se requería una capacitación en matemáticas y otras materias científicas que solo se obtenía en los mejores liceos y colegios privados, a los cuales accedían sobre todo los sectores medianamente pudientes de las ciudades grandes.

La estructura militar no obstruía, sino que más bien permitía el ascenso en la jerarquía militar por la vía de los estudios y los méritos. La Escuela de Clases de La Grita formó sargentos que luego pasaron a ser oficiales y llegaron a los rangos más altos. A lo largo del siglo fue posible que un soldado adiestrado se convirtiera en clase, y de allí fuera suboficial y oficial. Generales de División comenzaron su vida militar como soldados y oficiales vicealmirantes la iniciaron como marineros (40).

Los mecanismos de inclusión y exclusión hacia finales de siglo fueron más de tipo político y familiar. Las comisiones de Defensa de las cámaras de diputados o de senadores empezaron a responder a criterios políticos, pero luego derivaron hacia intereses de los partidos políticos y después a las camarillas comerciales o familiares de esos partidos.

Al final del siglo, en la Constitución de 1999 se restableció el fuero militar que había sido eliminado en 1830; se convirtió así a los militares en un sector de ciudadanía distinta, que solo puede ser juzgada en los tribunales militares, y se crearon unos privilegios para la oficialidad que esta no había disfrutado durante toda la centuria.

Isla Zapara, Estado Zulia, de la serie “Venezuela Cotidiana”, 2002: Fotografía Aaron Sosa ©ArchivoFotografíaUrbana

La inclusión en el futuro

La suma de estas inclusiones, y otras más, ofreció a la población venezolana una gran inclusión en el futuro. Las personas fueron experimentando y creyendo que podían tener un mañana siempre mejor. Un futuro prometedor con mejor educación, salud y bienestar. Era un mañana que se proyectaba como eternamente mejor.

La inclusión en el futuro significó unas circunstancias materiales que les permitieron a los individuos tener mayores posibilidades de ejercer sus capacidades y ampliar sus libertades. Y también, la actitud abierta y optimista de que el mañana se encontraba lleno de oportunidades que eran accesibles; tal vez podían presentarse obstáculos, pero eran franqueables con el esfuerzo o la maña.

Las mejoras en la salud de la población significaron una inclusión en el futuro, pues ampliaban el derecho a la vida y a la larga vida. La mortalidad infantil se redujo de una manera abismal, a los recién nacidos se les había incluido en el futuro. La tasa de mortalidad general bajó de 13,38 óbitos por cada 1.000 habitantes en 1950 a 4,86 a fines del siglo. La esperanza de vida se había alargado, los hombres fueron incluidos en 29 años más de vida y las mujeres en 34 años. La probabilidad de alcanzar la vejez había aumentado, a los venezolanos se les había incluido en la ancianidad.

La salud estuvo acompañada de la educación, de la inclusión en el saber y en las destrezas para manejarse con el lenguaje escrito. A comienzos de siglo, 70 de cada 100 venezolanos no sabía leer ni escribir, al final del siglo solo nueve de cada 100 eran analfabetos. La inclusión en la educación daba pericia, pero también proporcionaba identidad, no era solo un hacer, sino un modo de ser, era el orgullo de no sentirse excluido, ni tener la vergüenza de firmar con la huella o simular y pedirle a la señorita, «por favor, léame el documento, pues se me quedaron los lentes».

El siglo ofreció también la inclusión en el consumo de los beneficios materiales de la modernidad. La dotación de electricidad doméstica, que todavía en 1940 estaba restringida a unas partes de las ciudades, se expandió por todo el territorio. Y eso fue posible porque la oferta de 155 kilovatios hora por persona (kW.h) de 1950, se incrementó a 3.441 kW.h en 1993, duplicando el promedio de América Latina que era de 1.418 kW.h por persona (41). Venezuela era el país con mayor producción y consumo eléctrico, y la inclusión eléctrica llegó a la casi totalidad de viviendas en los barrios pobres del país.

Con la electricidad fue posible acceder a la radio y la televisión. Para 1997 existían 653 emisoras de radio; el estado con menos radiodifusoras era Delta Amacuro y tenía cuatro estaciones. La radio ofrecía una inclusión en la modernidad y apoyaba el sentido del nosotros nacional, era el vínculo para expresar las demandas y soñar con las respuestas. Y después se multiplicaron las estaciones y los receptores de televisión. Para 1997 funcionaban 214 canales de televisión ubicados en todos los estados del país. De ellos, 114 eran VHF, 32 UHF y 38 por suscripción (42). La inclusión en la vida urbana la simbolizaban la nevera y el televisor, y a veces primero la pequeña pantalla.

Para 1913 se tenía una tasa de dos líneas telefónicas por cada 1.000 habitantes, que representaba la mitad del promedio de América Latina. Para 1970 eran 38 líneas y a finales de siglo se llegó a 92, cuando la media regional era de 89 por cada 1.000 habitantes. Pero esas conexiones solo incluían a la ciudad formal. Los barrios informales estaban excluidos del servicio telefónico.

Las líneas fijas de teléfono y las televisoras por cable tenían una marca de exclusión social, pues en la mitad pobre de las ciudades nunca se instalaron las redes de conexión. Pero la llegada del teléfono celular y de la televisión satelital cambió el panorama. La tecnología más sofisticada, y que podía haber sido la más excluyente, se convirtió en el mecanismo de inclusión en el consumo tecnológico más notable. Los habitantes de las zonas rurales y los barrios más pobres y aislados, fueron incluidos en el mundo a través de la televisión por satélite, y el celular se convirtió en el teléfono de los pobres. Al cerrar el siglo, había en el país 2,5 millones de líneas telefónicas fijas y 5,4 millones de teléfonos móviles (43).

Los venezolanos que habían comenzado el siglo usando alpargatas, lo terminaron con zapatos y un teléfono móvil en el bolsillo. Las evidencias los habían convencido de que el futuro siempre tenía que ser mejor y que ellos se lo merecían. La actitud hacia la vida era de un optimismo avasallante.

De la exclusión injustificada a la inclusión inmerecida

El siglo XX fue un quiebre continuo de las exclusiones injustas. Una a una se fueron derrumbando las barreras, aunque no todas, ni de manera absoluta. La acción política adecuada, el esfuerzo colectivo, la renta petrolera y un sistema populista de conciliación lo permitieron (44).

También, esas mismas políticas y esa riqueza petrolera propiciaron muchas inclusiones inmerecidas. Inmerecidas porque no se basaron en un esfuerzo individual o colectivo, sino en azares externos, en los regalos del político de turno o en los conflictos internacionales. La industria petrolera llegó a ser el producto de un esfuerzo colectivo, pero la gran fortuna de los años setenta fue el resultado de un factor externo, no atribuible a los venezolanos, sino a las guerras del Medio Oriente. La movilidad social y el nivel de vida que se alcanzaron no tenían una base sólida.

A finales de siglo, la sensación de pérdida de bienestar y la insatisfacción se instalaron, y los conflictos sociales se acentuaron. Había una explicación: el crecimiento sostenido del salario real que se había experimentado desde los años cincuenta, no solo se había detenido, sino que presentó una caída sostenida durante las últimas dos décadas del siglo. Y fue así porque el producto interno bruto per cápita de Venezuela, que desde los años cincuenta (974 dólares) y hasta los años ochenta (1.533 dólares) había sido el más alto de América Latina, se redujo, y en 1995 (1.248 dólares) se ubicaba por debajo del de Argentina (1.402 dólares) y Chile (1.248 dólares). Igual a como lo había sido a comienzos de siglo (45).

Las expectativas de un mañana futuro mejor se estaban derrumbando y las personas lo reclamaban. No protestaban porque estuvieran contra la inclusión que habían vivido, sino porque querían estar más incluidos. La gente no quería bajarse del tren de la inclusión y la modernidad, deseaba mantenerse allí, que no se le abandonara afuera.

Una enseñanza que deja el siglo es que las inclusiones sociales deben ser sostenibles, y por eso las materiales deben fundarse en el esfuerzo individual y en la producción colectiva de riqueza. Y las inmateriales, en las transformaciones culturales participativas. Esa es una tarea pendiente.

Con sus falencias, el balance del siglo muestra que la inclusión convirtió a Venezuela en una sociedad más democrática social y políticamente, mucho más abierta, libre e igualitaria.

En las primeras décadas del siglo XXI, nuevas y peores exclusiones lacerarían al país. Tantas y tan aciagas, que se añoran los problemas y las bondades inclusivas del siglo XX.

 

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Notas:

(1) Profesor Titular de Sociología de la Universidad Central de Venezuela. Director del Laboratorio de Ciencias Sociales (Lacso).

(2) Lacso, Estudio de condiciones sociales y violencia, Caracas, Laboratorio de Ciencias Sociales, Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas, 1997.

(3) Max WEBER, Economía y sociedad, México, Fondo de Cultura Económica, 1977.

(4) Roberto BRICEÑO-LEON, Venezuela: clases sociales e individuos, Caracas, Fondo Editorial Acta Científica Venezolana, 1992.

(5) Frank PARKIN, Marxism and class theory. A bourgeois critique, London, Tavistock, 1979.

(6) Jürgen MACKER, Die theorie sozialer Schließung. Tradition, analysen, perspektiven, Wiesbaden, VS-Verlag für Sozialwissenschaften, 2004: 9-24.

(7) Michèle LAMONT y Virág MOLNAR, «The Study of Boundaries in the social sciences», Annual Review of Sociology, 2002: 28 (167-195).

(8) Germán CARRERA DAMAS, Fundamentos históricos de la sociedad democrática venezolana, Caracas, Fondo Editorial de Humanidades, Universidad Central de Venezuela, 2002.

(9) Amartya SEN, Social exclusion: concept, application and scrutinity, Manila, Asian Development Bank, 2000.

(10) Roberto BRICEÑO-LEON, El futuro de las ciudades venezolanas, Caracas, Lagoven, 1996.

(11) Rosemary THORP, Progress, poverty and exclusion. An economic history of Latin America in the 20th century, Baltimore, The John Hopkins University Press, 1998.

(12) Marco NEGRÓN, Ciudad y modernidad (1936-2001), Caracas, Ediciones del Instituto de Urbanismo, Universidad Central de Venezuela, 2001.

(13) United Nations, World urbanization prospects. The 2001 revision, New York, United Nations Population Division, 2002.

(14) Roberto BRICEÑO-LEON, El futuro de las ciudades venezolanas, op. cit.

(15) Fundacomún, II Inventario Nacional de Barrios, Caracas, Fundacomún, 1985.

(16) Oscar Olinto CAMACHO, «Las ciudades venezolanas y la exclusión social». En: Roberto BRICEÑO-LEÓN (Coord.), Las ciudades de vida y muerte. La ciudad y el pacto social para la contención de la violencia, Caracas, Editorial Alfa, 2016: 39-57.

(17) Roberto DAHL, Polyarchy: participation and opposition, New Haven, Yale University Press, 1971.

(18) Ángel ALMARZA, Los inicios del gobierno representativo en la República de Colombia, 1818-1819, Madrid, Editorial Marcia Pons, 2017.

(19) Eduardo POSADA-CARBO, Elections before democracy: the history of elections in Europe and Latin America, London, MacMillan Press, 1996.

(20) Pablo ASTORGA y Valpy FITZGERALD, «Statistical Appendix». En: Progress, poverty and exclusion. An economic history of Latin America in the 20th century, Baltimore, The John Hopkins University Press, 1998: 323-381.

(21) Blanca SÁNCHEZ ALONSO, «Población, migraciones y cambios demográfico». En: Enrique AYALA y Eduardo POSADA-CARBÓ, Historia general de América Latina. Los proyectos nacionales latinoamericanos: sus instituciones y articulación 1870-1930, Paris, Unesco, Editorial Trotta, 2008: 59-78.

(22) Juan Carlos REY, Reformas del sistema electoral venezolano, Caracas, Publicaciones del Consejo Supremo Electoral, 1986.

(23) Natalia BRANDLER, «Reforma electoral y fragmentación política: el caso Venezuela», América Latina Hoy, 2001: 29 (53-79).

(24) Allan R. BREWER CARÍAS, Derechos y garantías constitucionales en la Constitución de 1961 (La justicia constitucional), Caracas, Editorial Jurídica Venezolana, 2015.

(25) Luis PELLICER e Inés QUINTERO, «Matrimonio, familia y género en la sociedad venezolana. Siglos XVIII a XX». En: Pablo RODRÍGUEZ, La familia en Iberoamérica 1550-1980, Bogotá, Convenio Andrés Bello, Universidad del Externado, 2004: 212-245.

(26) Julieta QUILONDRÁN SALGADO, «¿Un modelo de nupcialidad postransicional en América Latina?». En: Georgina BINSTOCK y Joyce MELO VIERA, Nupcialidad y familia en América Latina actual, Rio de Janeiro, ALAP, 2011: 11-34.

(27) Artículo 238. Código Civil, Gaceta 2.990 del 26 de julio de 1982.

(28) Emilia TROCONIS DE VERACOECHEA, El proceso de la inmigración en Venezuela, Caracas, Academia Nacional de la Historia, 1986.

(29) Elías PINO ITURRIETA, Las ideas de los primeros venezolanos, Caracas, Universidad Católica Andrés Bello, 2003.

(30) Alberto ADRIANI, «Venezuela y sus problemas de la inmigración», Labor Venezolanista, Caracas, Academia Nacional de Ciencias Económicas, 1984: 141-153.

(31) Susan BERGLUND y Humberto HERNÁNDEZ CALIMAN, Los de afuera: un estudio analítico del proceso migratorio en Venezuela 1936-1985, Caracas, Cepam, 1985.

(32) Catalina BANKO, «Un refugio en Venezuela: los inmigrantes de Hungría, Croacia, Eslovenia, Rumania y Bulgaria», Tiempo y Espacio, 2016, 26(65), 63-75.

(33) Miguel BOLÍVAR CHOLLET, Sociopolítica y censos de población en Venezuela, del censo «Guzmán Blanco» al censo «Bolivariano», Caracas, Academia Nacional de la Historia, 2008.

(34) Augusto MIJARES, «Sobre estructuración social en Venezuela», Lo afirmativo venezolano, Caracas, Editorial Dimensiones, 1960: 143-149.

(35) Winthrop WRIGHT, Café con leche: race, class and national image in Venezuela, Austin, University of Texas Press, 1993.

(36) Roberto BRICEÑO-LEÓN, «Raza y racismo», La modernidad mestiza. Estudios de sociología venezolana, Caracas, Editorial Alfa, 2018: 253-285.

(37) Lacso, Estudio de condiciones sociales y violencia, 1997.

(38) David SMILDE, «Venezuela: nationhood, patronage, and the conflicto over new religious mouvement». En: Paul E. SIGMUND, Religious freedom and evangelization in Latin America. The challenge of religious pluralism, Maryknoll, Orbis Book, 1999: 277.

(39) Domingo IRWING e Ingrid MICETT, Caudillos, militares y poder. Una historia del pretorianismo en Venezuela, Caracas, Universidad Católica Andrés Bello, 2008.

(40) Fueron los casos del VA Lanz Castellanos, quien se inició como marinero, y del GD (Ej.) Prato Navas, quien comenzó su vida militar como soldado.

(41) Pablo ASTORGA y Valpy FITZGERALD, «Statistical Appendix», op. cit., 364.

(42) Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Informe sobre Desarrollo Humano 2000, Caracas, OCEI-UNDP, 2000.

(43) UIT, Informe sobre desarrollo mundial de telecomunicaciones 2002, Ginebra, IUT, 2002.

(44) Juan Carlos REY, «La democracia venezolana y la crisis del sistema populista de conciliación», Revista de Estudios Políticos, 1991: 74 (533-578).

(45) Shane HUNT, «América Latina en el siglo XX. ¿Se estrecharon las brechas o se ampliaron más?», Desarrollo económico y bienestar. Homenaje a Máximo Vega Centeno, Lima, Libros PUCP, 2009: 20-53.

 

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