/Asociaciones corporativas, participación comunitaria y derechos ciudadanos
Obrero en instalaciones de compañía petrolera venezolana, circa 1975. Autor desconocido. ©Archivo Fotografía Urbana

Asociaciones corporativas, participación comunitaria y derechos ciudadanos

Por Catalina Banko

Este estudio, parte del libro La sociedad en el siglo xx venezolano, aborda el proceso de creación y fortalecimiento de formas de organización de la sociedad que no estaban presentes en el siglo XIX y cuyas prácticas y modos de actuación son propios de la nueva centuria. El análisis de estas distintas dinámicas de asociación y participación colectiva, resalta la existencia de las muy diversas organizaciones constituidas por los distintos actores sociales con la finalidad de defender y negociar sus intereses y también para conquistar, proteger y ampliar sus derechos como ciudadanos.

Catalina Banko(1)

Introducción

Al dirigir nuestra mirada hacia la sociedad venezolana de finales del siglo XIX se advierte la existencia de una profunda crisis que no solo afectó a la esfera económica con la caída abrupta de los precios de los productos exportables, sino que también se reflejó en la descomposición del régimen imperante. Similares connotaciones se hicieron presentes en las postrimerías del siglo XX, cuando sobrevinieron hondas contingencias en materia económica que se conjugaron con el desprestigio de los partidos políticos en medio de acusaciones de corrupción y del extravío de los principios doctrinarios. Sin embargo, es menester puntualizar que a lo largo de esta centuria la vida económica, social, política y cultural disfrutó de etapas signadas por la prosperidad y el progreso que abarcaron las más variadas dimensiones y colocaron a Venezuela en un rango de singular importancia en el escenario latinoamericano.

En ese extenso periplo se sitúa nuestro interés por explorar los senderos recorridos por las organizaciones que los distintos sectores de la sociedad fueron construyendo para defender sus intereses o bien proteger sus derechos ciudadanos.

Empresarios y obreros formaron sus respectivas asociaciones de carácter corporativo a finales del siglo XIX. Los primeros se aglutinaron en las cámaras de comercio como una vía para consolidar la unidad, tal vez no tanto para enfrentar las demandas de los trabajadores, sino más bien para levantar un frente común frente a la crisis económica y también ante las medidas coercitivas adoptadas por los gobiernos de turno. En cuanto a la fuerza laboral, esta venía librando prolongadas contiendas en el mundo europeo e incluso en los países latinoamericanos, pero se trató desde el comienzo de una lucha desigual. En Venezuela, las huelgas y protestas culminaban en la mayoría de los casos en acciones represivas y persecuciones, hasta que se abrió la etapa de legalización de las entidades gremiales y su reconocimiento como organismos que ejercían la representación legítima de los trabajadores. Por su parte, los profesionales se congregaron en los denominados colegios que estipulaban los requisitos indispensables para el ejercicio de sus carreras específicas; los más antiguos fueron los que pertenecían a la jurisdicción de la abogacía, medicina e ingeniería.

El combate encabezado por la ciudadanía por conquistar sus derechos ocupa un amplio espacio en el proceso histórico venezolano. En ese aspecto, el movimiento pionero corresponde a las mujeres, quienes durante la primera mitad del siglo comenzaron a plantear sus reclamaciones por la igualdad. Los avances más sostenidos y relevantes se registraron a partir de los años sesenta en un ambiente internacional propicio a las exigencias de la equidad de género, a los que se sumaron las protestas de calle y el apoyo de las instituciones del Estado.

Paralelamente, se han conformado movimientos con miras a fortalecer la conciencia de participación de la ciudadanía en los asuntos públicos, tales como las asociaciones de vecinos y, en la última década del siglo XX, las numerosas Organizaciones No Gubernamentales (ONG) como respuesta al deterioro de los mecanismos de representación y a la ausencia de políticas públicas adecuadas para afrontar la multitud de problemas que no recibe la suficiente atención por parte de las instituciones estatales.

Asociaciones corporativas

Las organizaciones empresariales: la libertad económica como norte

Durante el siglo XIX, el sector económico preponderante estuvo representado por las firmas mercantiles que lograron, a través del control del comercio exterior y de los mecanismos del crédito, acrecentar su preeminencia en la sociedad venezolana. En 1894 se crearon las primeras cámaras de comercio en los principales centros económicos del país: Caracas, Puerto Cabello, Valencia y Maracaibo, y en 1895 se agregó la de Carúpano(2). No fue casual que estas organizaciones se hubieran establecido en el marco de una crisis mundial que estaba afectando las exportaciones de café. De modo que era natural que los propietarios de las casas comerciales hayan decidido agruparse para asignar mayor fortaleza a sus posiciones y solicitudes.

La primera legislación que reglamentó las atribuciones de estas cámaras fue el Código de Comercio, dictado en 1904, en el que se estipulaban además las funciones de las firmas mercantiles, el carácter de sus operaciones, la formación de las bolsas de comercio, el empleo de las letras de cambio, libranzas y pagarés, además de especificar aspectos relativos a la navegación marítima(3).

Durante varias décadas, las cámaras de comercio fueron las únicas representaciones del empresariado en Venezuela, e incluían entre sus afiliados a numerosas firmas pertenecientes a los ámbitos bancario, agrícola y manufacturero. Esta era la tónica que caracterizó el comportamiento empresarial, hasta que los efectos de la depresión de los años treinta y la apertura modernizadora que se avizoró a partir de 1936 impulsaron el nacimiento de nuevas entidades gremiales. En ese año se formó la Asociación Nacional de Comerciantes que, con la integración posterior de algunos industriales, se convirtió en 1937 en la Asociación Nacional de Comerciantes e Industriales. En 1938 se fundó la Cámara de Industriales como una organización independiente que encarnaba las demandas de ese sector económico.

Una de las preocupaciones del empresariado se centró en la creciente tendencia que reinaba en el entorno latinoamericano a aplicar políticas de intervención económica en el contexto de la depresión de los años treinta y, luego, por el impacto de la Segunda Guerra Mundial. Ese tema era ya objeto de discusiones acaloradas en Venezuela cuando el gobierno, en 1940, por iniciativa del Banco Central, decretó el régimen de control de importaciones y de venta de moneda extranjera para contrarrestar los efectos del drenaje de divisas, en circunstancias en que los desajustes del mercado internacional se acentuaban como consecuencia de la contienda internacional. Este primer paso provocó el rechazo de los importadores que hasta el momento no habían experimentado limitaciones en este tipo de actividades.

Inmediatamente, la Cámara de Comercio de Caracas dio a conocer su posición ante el decreto, al señalar que un control «excesivo y una intervención mayor cada día del Estado» podrían ocasionar perturbaciones en las negociaciones mercantiles. La corporación sostenía que la «intervención del Estado en la economía impide el libre juego de las fuerzas y le hace perder su elasticidad que constituye su resistencia natural»(4).

Después del contundente decreto sobre el control de importaciones y venta de divisas, las pugnas con el gobierno se fueron intensificando. En la medida en que la contienda bélica se prolongaba, el país profundizó la política de regulación y generó reacciones adversas por parte del sector empresarial que comenzó a celebrar reuniones para organizar un frente unitario. Nació así el proyecto de congregar a todas las asociaciones de empresarios en una federación, una iniciativa promovida por Julio D’Empaire de la Cámara de Comercio de Maracaibo, a la que se plegaron otras entidades a nivel nacional. Se acordó así la reunión de una Convención de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción, cuya fecha de instalación fue pautada para el mes de julio de 1944(5).

El 17 de julio se reunió la convención con la asistencia de representantes de las cámaras de comercio de Caracas, Maracaibo, La Guaira, Lara, San Cristóbal, Puerto Cabello, Valencia, Apure, Ciudad Bolívar y Barcelona, junto a aquellas que aglutinaban a industriales, agricultores, ganaderos y mineros de todo el país(6). Por sugerencia de Luis Gonzalo Marturet, miembro de la cámara de La Guaira, se propuso la creación de la Federación Nacional de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción (Fedecámaras), un acontecimiento de gran relevancia en el proceso de unificación de las distintas entidades gremiales y en cuya composición se puede apreciar, en esta primera etapa, el predominio del sector mercantil.

En esta convención inicial reunida en Caracas se discutieron diversos tópicos, entre ellos: la producción y los problemas del abastecimiento; la política fiscal, monetaria y crediticia y la intervención del Estado en la economía. En relación con este último tema, se afirmó que a raíz de los efectos de las crisis de 1921 y 1929 se acentuaron las dificultades de la economía mundial y se adoptaron «medidas proteccionistas», como subsidios y primas a la exportación, a consecuencia de la abrupta caída de los precios de los productos agrícolas(7). En 1940, el Estado implantó regulaciones cambiarias y comerciales, a las que Fedecámaras se opuso por considerar que de todos modos tales controles no habían tenido resultados efectivos porque los precios continuaron elevándose: «La fijación artificial de los precios de los artículos de primera necesidad provoca el ocultamiento de éstos si el precio fijado no es remunerativo en cierto grado o produce pérdidas»(8).

Gracias al impuesto sobre la renta (1942) y a la reforma de la Ley de Hidrocarburos (1943) se registró un gran incremento de los ingresos procedentes de la explotación petrolera, con el que el Estado estuvo en condiciones de financiar gran número de importantes obras públicas. Este impulso a la construcción se comportó como factor multiplicador de otros sectores industriales que se orientaron a la fabricación de cemento, asbesto, hormigón, vidrio, madera y pinturas que no podían ser adquiridos en el exterior debido a la guerra. Esta situación incentivó las inversiones en aquellos rubros que disponían de una elevada demanda interna, todo ello en el contexto de los obstáculos del tráfico internacional y, en particular, a causa de la restricción impuesta por los Estados Unidos a la exportación de una larga lista de artículos que estaban destinados a la elaboración de materiales, suministros y equipos para la confrontación bélica.

En ese clima favorable al crecimiento manufacturero, se llevó a cabo la fundación de la Asociación Pro-Venezuela en 1958, con la participación protagónica de Reinaldo Cervini. Nació como una organización civil integrada por algunos empresarios venezolanos, con el propósito de alentar políticas nacionalistas basadas en el fomento de la industrialización, conceptualizada como un «imperativo histórico» para alcanzar niveles superiores de desarrollo(9).

En este ambiente caracterizado por sustanciales transformaciones económicas y sociales, se fue modificando también la composición de Fedecámaras, en la cual comenzó a tener mayor peso el sector industrial. No es casual entonces que en 1959, la dirección de la corporación empresarial estuviera a cargo de Alejandro Hernández, reconocido empresario del ramo licorero. Muy emblemática fue la XV Asamblea de esta federación que tuvo lugar en San Cristóbal y contó con la presencia del presidente Rómulo Betancourt y del ministro de Fomento, Lorenzo Fernández. Este último manifestó que el gobierno pretendía asegurar la más alta tasa de crecimiento de la producción y la diversificación económica, además de garantizar la libertad de la iniciativa privada, ya que el Estado solo actuaría como empresario cuando las necesidades del desarrollo económico lo impusieran, o bien para controlar factores que pudieran incidir en el alza del costo de la vida. Subrayó el objetivo de poner en práctica la Reforma Agraria y un desarrollo sostenido de la industrialización, planteamientos que fueron recibidos con beneplácito por parte del sector empresarial(10). Sin embargo, poco después, el empresariado habrá de formular críticas al control de cambios impuesto, entre 1960 y 1964, para atenuar los desequilibrios fiscales que se habían heredado de la dictadura perezjimenista.

Si bien Fedecámaras comulgó con algunas de las propuestas del nuevo gobierno, expresó también su preocupación ante la creciente presencia de compañías regidas por el Estado en siderurgia, petroquímica, petróleo, servicios eléctricos y telefónicos, entre muchas otras áreas económicas, todo lo cual fue calificado como un exceso de atribuciones que no eran de la competencia del sector público(11). Una situación similar se suscitó en la XXV Asamblea de Fedecámaras (1969), en la que se planteó que los sistemas de cupos, licencias y aranceles causaban perjuicios a los gremios mercantiles, por lo que se recomendaba la revisión de las normativas aplicadas al comercio exterior(12).

La necesidad de conformar una fuerza unificada entre el comercio y los servicios con alcance nacional condujo a la fundación del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio), el 25 de noviembre de 1970, el cual pasó a ser miembro de Fedecámaras en representación del sector terciario de la economía, y adquirió su propio perfil en defensa del gremio, aunque ello no significó la desaparición de las antiguas cámaras de comercio cuya gravitación había decaído sensiblemente. Importante fue la intervención de este consejo en las polémicas generadas en torno al ingreso de Venezuela en el Pacto Andino en 1973, cuando se suscribió el Acuerdo de Cartagena, en referencia a las políticas arancelarias que se adoptarían al convertirse nuestro país en miembro activo de ese organismo(13).

Las controversias se agudizaron frente al estatismo puesto en práctica durante la primera Presidencia de Carlos Andrés Pérez mediante controles de precios de bienes considerados básicos, y el establecimiento de un régimen de precios máximos para la venta de una serie de artículos, medidas que ocasionaron honda preocupación en los medios empresariales(14).

En un cuadro de crecientes desajustes económicos se creó en 1984 el Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad (Cedice), una asociación civil privada que tuvo estrechas relaciones desde su inauguración con Consecomercio, institución que le brindó su apoyo en materia de publicaciones.

Un importante triunfo para los organismos empresariales fue la aprobación, el 31 de diciembre de 1991, de la Ley de Promoción y Protección de la Libre Competencia y, al año siguiente, la creación de la Superintendencia Pro-Competencia.

Sin embargo, las políticas de liberalización económica llegaron a su fin tras el colapso financiero de 1994, cuando emergieron graves desequilibrios económicos que condujeron a la aplicación de medidas destinadas a frenar la inflación mediante la fijación de precios de un conjunto de bienes y servicios que formaban parte de la canasta básica; en otras palabras, afloraron signos de estatismo que aumentaron el desasosiego de Fedecámaras. En aquel año fue necesario instaurar nuevamente un régimen de control cambiario que se prolongó hasta 1996, año en que se implantó la Agenda Venezuela que consistía en un programa de estabilización macroeconómica. Al concluir el siglo, en medio de la incertidumbre e inestabilidad reinantes, los empresarios habrán de mostrar su clara oposición a la política de intervención que de modo sistemático se puso en práctica a partir de 1999 y que se profundizaría en los años sucesivos(15).

Al examinar los párrafos anteriores, se percibe la insistencia de las corporaciones empresariales en sostener el lema de la libertad económica frente al intervencionismo estatal que, cuando no obedece a la exigencia de ciertas emergencias coyunturales, tiende a asfixiar a la economía mediante excesos de regulaciones y controles, cuyo impacto en el crecimiento económico se expresa en el debilitamiento del aparato productivo. En este último aspecto, es menester resaltar la relevancia de la labor empresarial en términos de generación de empleo y de contribución al incremento de la producción nacional, todo lo cual tiene un efecto multiplicador en la vida de la comunidad. Del mismo modo es importante destacar la significación que tuvo la organización de los empresarios, la ampliación y fortalecimiento de su accionar colectivo para adelantar negociaciones, ejercer presión y llegar a acuerdos con el Estado como una de las prácticas que se establecen, se mantienen y definen el funcionamiento de la sociedad venezolana en el siglo XX.

El sector de los trabajadores: entre la represión y la legalidad

En razón de la condición agroexportadora de Venezuela y las limitaciones estructurales de su base económica, las unidades de producción solían operar con técnicas rudimentarias y métodos tradicionales, por lo que el trabajo asalariado libre se fue difundiendo con lentitud entre finales del siglo XIX y las primeras décadas de la siguiente centuria.

En el siglo XIX, uno de los espacios en los que se congregaba mayor número de trabajadores era el de los puertos, centros neurálgicos de la economía en aquel tiempo, cuya importancia estratégica se evidenciaba a través de la constante preocupación de las autoridades por reglamentar el trabajo y los sistemas de pago de los denominados «caleteros», encargados de transportar las mercancías entre el puerto y los barcos.

Al propagarse las obras modernizadoras en las principales ciudades, surgieron nuevas fuentes de trabajo que alimentaron el crecimiento urbano. La instalación de ferrocarriles desde 1883 con la línea Caracas-La Guaira, seguida de otras redes que unieron Tucacas con Aroa, y Puerto Cabello con Valencia, a las que se agregaron empresas de tranvías en algunos importantes centros urbanos, así como la expansión de los principales puertos favorecieron la conformación de núcleos de trabajadores que fueron adquiriendo gradualmente cierta relevancia. Por entonces se establecieron las primeras industrias de cigarrillos, cemento, vidrio, textiles, que introdujeron cambios sustantivos en los procesos de producción y permitieron la concentración de hasta 300 obreros en algunas fábricas.

La organización de los trabajadores fue tardía en nuestro país. Según las referencias indicadas por José Ignacio Urquijo, los empleados alemanes del Gran Ferrocarril fundaron en 1893 una sección venezolana de la II Internacional Socialista, e incluso enviaron a la Conferencia celebrada en Zurich unos delegados para dar a conocer las condiciones laborales imperantes aquí(16).

Mientras el sector empresarial estaba estructurando sus respectivas cámaras de comercio regionales, también aconteció un hecho significativo en el campo laboral con la reunión en 1896 del Congreso Obrero en Caracas que propalaba sus ideas a través del periódico El Partido Popular, bajo la dirección de Leopoldo Torres Abandero. El objetivo del mencionado Partido Popular era promover la participación de los trabajadores en la vida política y propiciar la mejora de sus condiciones de vida, con especial énfasis en el fomento del cooperativismo(17). Este proyecto se estaba desarrollando en un contexto signado por la crisis económica, como resultado de la caída de los precios del café a nivel internacional, tendencia que habrá de extenderse hasta principios de la siguiente centuria.

Algunas de las agrupaciones que se formaron a comienzos del siglo XX fueron la Asociación de Obreros y Artesanos del Distrito Federal en 1909 y, en el mismo año, el Gremio de Tipógrafos de Caracas. En 1912 ya se habían creado algunas entidades que representaban a los obreros de los ferrocarriles, el gremio de los Profesionales de las Artes Gráficas de Caracas (1920) y la Asociación de Linotipistas (1921), entre otras.

Los trabajadores encabezaron varias protestas en la segunda década, pero el conflicto de mayor resonancia fue el que estalló con los empleados de la Estación Central de Telégrafos de Caracas en marzo de 1914, en el que además de reclamar por el alza de los salarios, se exigía la destitución del director general de la empresa. Este movimiento se extendió luego a diversos puntos del país. Dado el carácter estratégico de los telégrafos para las comunicaciones y, en especial, para un régimen que estaba tendiendo una férrea red de vigilancia en distintas zonas del país, el gobierno emprendió una fuerte persecución contra los dirigentes de la huelga(18).

Posteriormente, en 1918, tuvo lugar otra huelga en Aroa (Yaracuy), donde operaba el taller de la empresa británica Bolívar Railway Company, que condujo a la paralización de la estación terminal que estaba localizada en las minas de cobre. El conflicto culminó con el otorgamiento de aumentos salariales, aunque en montos menores a los requeridos, y el encarcelamiento de los principales dirigentes(19).

En 1919 estallaron numerosas huelgas en ramas muy diversas: Caleta de La Guaira y de Ciudad Bolívar, Ferrocarril Caracas-Valencia, Ferrocarril Caracas-La Guaira, Tranvía Eléctrico de Caracas, Fábrica Nacional de Fósforos y en los gremios de empleados de farmacias, zapateros y sastres. Buena parte de esos conflictos fueron resueltos gracias a la mediación del gobierno al estimar que la situación del alza de precios ameritaba la elevación de los salarios y mejoras laborales. En el caso del Gran Ferrocarril de Venezuela o Ferrocarril Alemán (Caracas-Valencia), según José Ignacio Urquijo, se logró firmar el primer contrato colectivo del país, tomando en consideración los siguientes criterios: hubo un pliego de peticiones presentado por los trabajadores y se llevó a cabo una negociación sobre salarios y condiciones laborales, a lo que se añadió que el resultado del acuerdo fue publicado en la prensa(20).

También en 1919 se creó la Confederación General Obrera, cuyo órgano de expresión fue el periódico El Obrero, aunque su vida fue muy breve ya que se disolvió en 1921. Esa organización comprendía las asociaciones de obreros y empleados del Ferrocarril Caracas-La Guaira y del Gran Ferrocarril de Venezuela, los empleados de las empresas de tranvías, de la Electric Light Company y de los Teléfonos de Caracas(21).

No es casual que 1919 haya sido un año en el que proliferaron las demandas obreras ya que en esa ocasión se estaba exteriorizando una gran expansión económica a nivel mundial motivada por el fin de la Primera Guerra Mundial, y por el alza de las exportaciones de materias primas a los mercados europeos que requerían de suministros con urgencia. Aprovechando esta coyuntura favorable, los trabajadores realizaron numerosas protestas y reclamaciones.

Un espacio fundamental para el crecimiento del sector obrero fue la explotación petrolera, localizada en su mayor parte en torno a las costas del lago de Maracaibo. Esta actividad absorbió mano de obra local para los oficios con menor calificación, ya que el equipo de técnicos y gerentes provenía de los países de origen de las respectivas compañías concesionarias. Los procesos de exploración y extracción registraron un notable incremento a partir de 1922, a tal punto que en 1926 el rubro petróleo alcanzó el primer rango en las exportaciones, y el café pasó a situarse en un puesto secundario. Este crecimiento se detuvo en los años de la depresión, para luego iniciar una marcada recuperación a partir de 1934.

De lo anteriormente mencionado se evidencia el aumento acelerado del número de trabajadores, muchos de ellos sometidos a condiciones de insalubridad, precariedad en sus viviendas y bajos salarios. Ellos laboraban de manera especial en la instalación de los pozos, el transporte, los puertos, las construcciones, así como también en el proceso de extracción en los yacimientos. Se generó así una elevada concentración de obreros y peones que comenzó a plantear sus reivindicaciones.

La explotación de hidrocarburos impulsó la migración de campesinos que aspiraban a obtener empleo en los campamentos, o que se dirigían a las ciudades donde se advertían los efectos de la multiplicación de actividades al calor de las nuevas inversiones en el campo de la industria, comercio y servicios.

Con la ampliación vertiginosa de las operaciones de las concesionarias de hidrocarburos, los obreros empezaron a organizar sus filas hasta llegar a la gran huelga que estalló en 1925, inicialmente en el campamento de Mene Grande, en reclamo de aumento salarial, atención médica y mejoras de las viviendas, demandas que con rapidez se propagaron hacia toda la región. Nació así la Confederación Sindical Obrera de Venezuela y poco después la Asociación Nacional de Empleados (ANDE)(22).

Tras la muerte de Juan Vicente Gómez, se reavivaron las reclamaciones de la fuerza laboral, en especial la perteneciente a la industria petrolera, que se aglutinó alrededor de diversos partidos como el Bloque Nacional Democrático y ORVE. El 29 de febrero de 1936 fue creada la Oficina Nacional del Trabajo para atender los problemas laborales del país. Su primer director fue Alonso Calatrava y el subdirector Rafael Caldera. El 16 de julio de 1936 fue aprobada una nueva Ley del Trabajo destinada a regular las relaciones entre patronos y trabajadores. Entre las disposiciones de esta legislación destacan: jornada diaria de ocho horas y semanal de 48 horas, indemnización por despido, participación en las utilidades, vacaciones remuneradas, libertad sindical y derecho de huelga(23).

En aquella coyuntura fue creciendo la presión de los obreros petroleros hasta que en diciembre de aquel año comenzó la gran huelga que se extendió hasta el 22 de enero de 1937. La denominada «Gran huelga petrolera» tuvo entre sus exigencias no solo incrementos salariales sino también mejores condiciones en los sitios de trabajo. Después de 43 días, el conflicto desatado en Zulia y Falcón concluyó con un ínfimo aumento de sueldos, aunque significó un avance considerable en la unidad sindical y el apoyo demostrado por la población.

Paralelamente a la interrupción de labores, el 6 de diciembre de 1936, año clave en términos de la vida gremial, se fundó la Confederación Venezolana del Trabajo. Su junta directiva estaba presidida por Alejandro Oropeza Castillo (proveniente de la dirección de ANDE), e integrada por Luis Hernández Solís, Ramón Quijada, J. M. Gómez Barbieri y Augusto Malavé Villalba. Al acto de instalación concurrieron delegados de 94 sindicatos que representaban a más de 30.000 trabajadores. Esta iniciativa se constituyó así en la primera central obrera del país, pero al año siguiente fue ilegalizada debido a que sus directivos habían respaldado la huelga petrolera(24).

En años sucesivos se registraron elocuentes adelantos en materia laboral, tal como la aprobación de la Ley de Seguridad Social en 1941, año en el que también se estableció la Unión Sindical Petrolera de Venezuela presidida por Jesús Farías. En 1944 se reunió en el Nuevo Circo de Caracas, con la intervención de 370 delegados, la Convención Sindical Nacional, convocada por la Unión Sindical Petrolera de Venezuela, la Unión de Trabajadores del Zulia y la Federación Sindical del Distrito Federal, a la que asistió en calidad de invitado el sindicalista mexicano Vicente Lombardo Toledano, presidente de la Confederación de Trabajadores de América Latina(25).

Una conquista importante fue el establecimiento del Seguro Social Obligatorio, en octubre de 1944, que funcionaba con base en el financiamiento estatal y las cotizaciones aportadas por trabajadores y patronos. Estos últimos manifestaron su oposición a la creación de esta institución porque implicaba una cuantiosa carga para las empresas(26).

El movimiento político sindical adquirió gran impulso a partir de 1945 y con ello se impuso la vigencia de la contratación colectiva. En estas circunstancias, Acción Democrática fue ganando terreno en el campo de la representación sindical, lo que ocasionó la declinación de la influencia del Partido Comunista. En 1947 se reunió el Segundo Congreso de Trabajadores que decidió reorganizar la central obrera bajo la denominación de Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), y fue presidida por Pedro Bernardo Pérez Salinas.

Un nuevo golpe a la organización sindical se asestó tras la caída de Rómulo Gallegos y durante la década en que rigió la dictadura militar, a pesar de lo cual se programó una huelga petrolera que fue reprimida mientras el régimen ordenaba la disolución de los sindicatos. Luego del 23 de enero de 1958 se reunió el Tercer Congreso de Trabajadores, bajo la conducción de José González Navarro, perteneciente al Sindicato de Zapateros(27).

Las rivalidades entre los distintos partidos políticos en el campo sindical se expresaron claramente en el III Congreso de la Confederación de Trabajadores de Venezuela de 1959, escenario de fuertes enfrentamientos entre militantes de Acción Democrática, Copei y Unión Republicana Democrática, todo ello en la antesala de la violencia que habrían de desatar núcleos opositores al gobierno. Esta situación se hizo más visible aún con la escisión que en el IV Congreso de 1961 se produjo con el abandono de la central obrera por parte de un grupo de delegados de tendencia izquierdista, hecho que tuvo lugar en medio de la efervescencia generada por los brotes de lucha armada que estallaron contra el gobierno de Rómulo Betancourt.

En medio de estos conflictos, los delegados pertenecientes al Partido Comunista de Venezuela, Unión Republicana Democrática y Movimiento de Izquierda Revolucionaria constituyeron la Central Unitaria de Trabajadores de Venezuela, como expresión de las ideas de izquierda y posiciones críticas ante los partidos tradicionales. Su primer Congreso, con el peso mayoritario del Partido Comunista, se celebró en septiembre de 1967 bajo la presidencia de Rodolfo Quintero. La Central Unitaria quedó luego aislada en la medida en que partidos como el MIR y el MAS (Movimiento al Socialismo) se integraron a la Confederación de Trabajadores de Venezuela(28).

En medio de estas pugnas se conformó la Confederación de Sindicatos Autónomos de Venezuela (Codesa) que respondía a pequeños grupos cercanos a la Iglesia católica, los cuales enarbolaban los principios de la doctrina social de la institución eclesiástica. Esta organización pretendía alejarse tanto de los partidos tradicionales como de los que habían propugnado la lucha armada.

Resulta de interés consignar que la búsqueda de entendimientos que se estaban perfilando desde el Pacto de Punto Fijo de 1958 tuvo su eco en las relaciones entre la Confederación de Trabajadores de Venezuela y Fedecámaras. En 1959, ambas corporaciones suscribieron un acuerdo, por el cual los trabajadores accedieron a discutir y arreglar sus «problemas específicos por la vía del consenso, a fin de darle un piso estable al recién instalado gobierno constitucional»(29). Incluso, las dos organizaciones declararon su respaldo a las políticas de industrialización, reforma agraria, formación profesional y seguridad social, entre otras materias.

La estrecha vinculación entre la Confederación de Trabajadores de Venezuela y el poder público se manifestó con la creación, en 1968, del Banco de los Trabajadores de Venezuela (BTV), presidido por Augusto Malavé Villalba, entidad que se convirtió en un instrumento financiero de la citada organización laboral, a la vez que operaba como vía de redistribución de una cuota del ingreso petrolero «a los sectores laborales, alimentando la imagen de mediación de la CTV entre Estado y sectores populares»(30).

El entrelazamiento entre el movimiento sindical y los partidos políticos se evidenció en el Sexto Congreso de la Confederación de Trabajadores de Venezuela en 1970 en el que José Vargas fue designado presidente, y le sucedió en el cargo Juan José Delpino, ambos reconocidos militantes de Acción Democrática.

En el marco de una escalada inflacionaria y durante el primer año de la Presidencia de Luis Herrera Campins, la Confederación de Trabajadores de Venezuela organizó en 1979 masivas manifestaciones de calle para exigir mejoras salariales, que conquistaron su objetivo con un aumento general de salarios, jubilaciones y pensiones. Al año siguiente se reunió el VIII Congreso de esta organización y emitió el Manifiesto de Porlamar en el que se planteó la necesidad de profundizar la democracia política «mediante un proceso de democracia social cuyo principal instrumento sería la cogestión obrera»(31). La cogestión era definida como la «participación de los trabajadores en la dirección de las empresas del Estado»(32).

En 1982, durante la Presidencia de Luis Herrera Campins, surgieron hondas confrontaciones a raíz de la intervención del Banco de los Trabajadores de Venezuela por irregularidades administrativas, una resolución que fue cuestionada por la central obrera que acusó al gobierno de actuar impulsado por sus diferencias políticas con Acción Democrática.

En medio de un clima económico caracterizado por la inflación y el creciente desequilibrio fiscal, en 1984 el presidente Jaime Lusinchi intentó llegar a un avenimiento obrero-patronal mediante el Pacto Social, con el que se buscaba la conciliación de intereses entre empresarios y trabajadores. En las reuniones celebradas entre Fedecámaras y la Confederación de Trabajadores de Venezuela, el ministro de Cordiplan, Luis Raúl Matos Azócar, se desempeñó como representante del gobierno. Sin embargo, la búsqueda del consenso se dificultó debido a las divergencias que aparecieron en torno a las funciones y composición de la Comisión de Costos, Precios y Salarios (Conacopresa). Por esas fricciones, la representación de Fedecámaras decidió retirarse de la comisión en noviembre de 1984, y así quedó trunco el proyecto de formalizar el denominado Pacto Social(33).

Los hechos violentos de febrero de 1989, conocidos como El Caracazo, se convirtieron en un llamado de atención para todos los sectores. Precisamente, la CTV observó con preocupación los efectos de las medidas aprobadas por Carlos Andrés Pérez tras su ascenso a la Presidencia, por lo que a finales de abril de ese año la corporación convocó a un Congreso Extraordinario para considerar la situación del país. Resultó sorprendente que su presidente, Juan José Delpino, mostrara una posición crítica al gobierno, al reclamar de manera contundente al mandatario Carlos Andrés Pérez la ausencia de una verdadera concertación(34). En noviembre de ese difícil año, se celebró en Caracas el XXII Congreso Mundial de Trabajadores con la asistencia de Lech Walesa, renombrado dirigente del sindicato polaco «Solidaridad».

Por entonces, se encontraba en entredicho la legitimidad de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, cuyos miembros habían sido acusados de tener participación activa en redes de corrupción, con lo que la credibilidad de ese organismo se debilitó enormemente. Por otra parte, esta corporación no tuvo la capacidad de modernizar su estructura ya bastante anquilosada, aunque se habían estudiado varias propuestas para instaurar el sistema de votación directa para la elección de las autoridades sindicales, pero sin éxito.

El siglo XX terminó con serias dificultades para los trabajadores, en circunstancias en que se dictó la reforma de la Ley Orgánica del Trabajo en 1997. Por entonces proliferaron los debates acerca de la forma de pago de las prestaciones sociales, dado que una de las mayores preocupaciones de los trabajadores rondaba en torno a los efectos de la inflación que ocasionaba una grave erosión del valor real de los salarios.

En 1999, en pleno proceso de las transformaciones institucionales, Andrés Velásquez indicó que era necesario convocar a un Congreso Nacional Constituyente de Trabajadores para reorganizar el movimiento obrero, tomando en cuenta que la dirigencia sindical, tan cuestionada, no estaba en condiciones de asumir la democratización de la organización obrera(35). Los acontecimientos posteriores se precipitaron y desplegaron un escenario en el que las antiguas organizaciones fueron perdiendo influencia aceleradamente al tiempo que se creaba un aparato institucional paralelo que invalidó a la corporación sindical como instancia para la negociación entre trabajadores, empresarios y el sector estatal.

Al analizar la trayectoria seguida por los gremios de trabajadores a lo largo del siglo XX, debemos subrayar la valentía de aquellos que en tiempos dictatoriales se vieron obligados a impulsar desde la clandestinidad la lucha para obtener mejoras laborales. En las décadas posteriores, las asociaciones sindicales lograron el reconocimiento de su legitimidad y se fortalecieron de manera notable a través de la defensa de los intereses de sus afiliados. Si bien ha faltado mayor unidad en la estructura sindical durante las últimas décadas de la anterior centuria, a causa de diversos enfoques ideológicos y distintas adscripciones políticas, es indudable la trascendencia de la movilización de la fuerza laboral en favor de la conquista de sus reivindicaciones para alcanzar mayor bienestar social, en un clima de respeto a la autonomía de su accionar, y mediante métodos que han promovido la concertación tripartita en el contexto de una sociedad democrática.

Cementera La Vega, Caracas, circa 1930. Luis Felipe Toro. ©Archivo Fotografía Urbana

Los colegios profesionales

Los distintos núcleos de profesionales han organizado sus propias asociaciones bajo la denominación de colegios, en defensa de aspectos fundamentales concernientes al ejercicio de sus labores específicas. Algunas de esas profesiones tenían una larga tradición en la materia, como es el caso del Protomedicato (1777) y la Facultad Médica (1827), pero es menester puntualizar que se trataba de organismos instituidos por el poder público. La situación se modificó en 1883, cuando personal de la medicina estableció la Sociedad de Médicos y Cirujanos, convertida luego en el Consejo de Médicos, hasta que sus atribuciones fueron asumidas el 7 de abril de 1904 por la Academia Nacional de Medicina(36). Desde 1941 comenzaron a crearse los colegios médicos en diversos estados, hasta que el 24 agosto de 1945 se fundó la Federación Médica Venezolana(37).

Desde los tiempos coloniales, los profesionales de la ingeniería habían gozado de gran prestigio por su estrecha vinculación con las operaciones militares. El 28 de octubre de 1861 quedó formalmente constituido el Colegio de Ingenieros como un cuerpo con fines científicos, que empezó a funcionar en la sede del antiguo Colegio Santa María, bajo la dirección de Agustín Aveledo. Su objetivo era fomentar las ciencias exactas y naturales y tomar decisiones en relación con las obras públicas. Importantes fueron los trabajos que realizó: la instalación de un observatorio meteorológico, la elaboración de estadísticas de población y la preparación de una tabla de medidas(38). El Colegio adquirió atribuciones de carácter gremial a partir de 1922. Con el desarrollo de la construcción nació en 1946 la Sociedad Venezolana de Arquitectos, presidida por Carlos Raúl Villanueva, que más tarde constituirá lo que hoy se conoce como el Colegio de Arquitectos.

En 1883, durante el quinquenio de Antonio Guzmán Blanco, se estableció el Colegio de Abogados de la República que tenía atribuciones para admitir a sus profesionales afiliados, velar por su conducta y amonestarlos en el caso de que se produjeran hechos irregulares. En 1894 se impuso la obligatoriedad de la colegiación para el ejercicio del Derecho. En aquel entonces, el título de abogado era expedido por la Corte Suprema(39). En el siglo XX, específicamente en 1993, se creó la Federación de Colegios de Abogados que se convirtió en la entidad máxima en cuanto a la representación de estos profesionales en todo el país, pues se habían organizado en los distintos estados.

A continuación mencionamos algunas de las más destacadas asociaciones profesionales que actúan en el país: Colegio de Odontólogos (1943), Colegio de Profesores (1943), Colegio de Farmacéuticos (1949), Colegio de Economistas (1953), Colegio de Sociólogos y Antropólogos (1958) y Colegio de Bioanalistas (1960), entre muchos otros.

Sin duda, los colegios profesionales han cumplido y continúan desempeñando una función imprescindible en la sociedad dado que se trata de organizaciones corporativas cuya estructura descansa en una base estatutaria, legalmente establecida, mediante la cual es posible velar por la probidad y valores éticos en la práctica de las distintas especialidades. Este último aspecto es esencial para comprender la necesidad de que los distintos ámbitos profesionales se encuentren aglutinados en torno a objetivos dirigidos no solo a amparar los intereses de sus miembros sino también con el objeto de proteger a la sociedad en su conjunto gracias a la observancia de las reglas y los principios morales que deben regir cada área de trabajo profesional.

Almacenes de Caracas, circa 1925. Luis Felipe Toro. ©Archivo Fotografía Urbana

La ciudadanía reclama sus derechos

Las mujeres y sus luchas por la equidad

Si bien el tema referido a la mujer en su lucha por la conquista de la igualdad ha sido objeto de una investigación específica para el presente libro, deseamos subrayar algunos hitos en la larga trayectoria de sus reclamaciones por la eliminación de toda discriminación y exclusión en la sociedad. A comienzos del siglo XX, su condición no había experimentado variaciones sustanciales respecto a la centuria anterior: continuaba sometida a las pautas de una vida de índole patriarcal, lo que implicaba que se desenvolvía exclusivamente en el hogar. A principios de los años treinta se emprendieron las primeras acciones contundentes a través de la organización de pequeñas células femeninas para brindar apoyo a los presos políticos. Tras la muerte de Juan Vicente Gómez, la apertura política se tradujo también en un nuevo impulso para los movimientos en favor de la equidad para la mujer, proceso que adquirió mayor empuje con las demandas para que participara en los sufragios, lo que se concretó por primera vez en las elecciones de representantes de la Asamblea Nacional Constituyente(40).

La tónica de estas luchas fue cambiando en el marco de la «segunda ola del feminismo» en los años sesenta y setenta, cuando se difundió la noción de género que se constituyó en una novedosa conceptualización que abría una importante perspectiva para analizar las asimetrías y desigualdades entre los hombres y las mujeres. Joan Scott teorizó en 1986 en torno a la definición de género, e indicó que no solo se trataba de la «construcción social de la diferencia sexual» o una referencia a aspectos anatómicos y biológicos, sino también de una forma de representar los roles que desempeñaban unos y otras(41).

Posteriormente se promovió una vasta campaña con la proclamación del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer (1976-1985). Por ese entonces, la renovación institucional en Venezuela adquirió gran velocidad y abarcó la creación de ministerios y oficinas específicas para atender la situación de las mujeres. A todo esto se sumaron la reforma del Código Civil de 1982 y los beneficios obtenidos mediante la Ley Orgánica del Trabajo de 1997.

En resumen, el siglo XX culminó con un balance muy favorable para el progreso de las exigencias feministas que ha proseguido hasta el presente. Como resultado de estas décadas de luchas se advierte el papel sobresaliente que ostentan en la actualidad las mujeres en el campo gerencial y en el mundo académico y profesional.

La participación comunitaria: asociaciones vecinales

Mientras se estaban manifestando las profundas transformaciones económicas y sociales como consecuencia de la gran expansión de los ingresos fiscales derivados de la industria petrolera, se registró un aumento vertiginoso de la población urbana, atraída por el gran dinamismo que comunicaban las operaciones de las compañías petroleras al movimiento comercial, generando así más ofertas de empleo. La creación de nuevas dependencias ministeriales, al hacerse más compleja la estructura del aparato burocrático estatal, también contribuyó a diversificar el mercado laboral.

La composición social de la población venezolana fue adquiriendo nuevos rasgos al elevarse el número de empleados públicos, funcionarios y profesionales, que pasaron a engrosar una clase media en ascenso y con aspiraciones de exhibir una imagen moderna e identificada con el progreso. La creación de empresas industriales y comerciales de variadas dimensiones, como ya lo hemos señalado, completaba este cuadro económico en constante evolución. En tal contexto se hacía indispensable contar con más viviendas, fenómeno que habrá de traducirse en el incremento de proyectos urbanizadores que se extendieron por el valle de Caracas. A lo largo de este proceso en el que se fue configurando una nueva fisonomía de la capital del país, se modificaron sustancialmente las costumbres y el estilo de vida de la sociedad.

En ese escenario, a partir de 1958 se fue ampliando de manera notoria el protagonismo de la ciudadanía en sus respectivas urbanizaciones. Una manifestación temprana de este fenómeno se expresó en las asociaciones de residentes y propietarios que desde 1958 plantearon exigencias concretas acerca de problemas propios de la comunidad o bien con reclamaciones a las entidades urbanizadoras por incumplimiento de algunos de los puntos del contrato. En un comienzo, estas organizaciones se localizaron principalmente en el área metropolitana de Caracas y su crecimiento fue paulatino; destacan las ubicadas en La Floresta, Colinas de Bello Monte, El Cafetal, entre otras. En términos generales, sus objetivos específicos se concentraban en lograr el bienestar de las comunidades con la adecuada atención de los servicios públicos y la posibilidad de crear áreas recreacionales y deportivas y centros médico-asistenciales. Su actuación se enlaza con el ejercicio del derecho a la participación ciudadana en el ámbito de la gestión de políticas públicas, con especial énfasis en asuntos relativos al suministro de agua, seguridad, vialidad y aseo.

Para evitar la dispersión de esfuerzos de cada una de los colectivos por separado, en 1971 se creó la Federación de Asociaciones de Comunidades Urbanas (Facur), integrada por 70 organizaciones vecinales, cuya acta constitutiva fue formalizada en 1976(42). Entre los objetivos de Facur se encuentra el de «apoyar, promover o iniciar toda acción que conduzca al desarrollo urbano armónico y a la adecuada participación comunitaria en el proceso». Se aspiraba a perfeccionar la planificación urbana a fin de crear mayor bienestar, lo cual implicaba la eficiencia en el ejercicio de las funciones de los gobiernos municipales. En aquellas circunstancias, el país no estaba todavía preparado para una expansión urbanística tan vertiginosa, en un contexto en que la legislación no contenía los principios más adecuados y las instituciones encargadas del problema eran anacrónicas(43).

La aspiración de Facur se materializó con la Ley Orgánica de Régimen Municipal del 7 de agosto de 1978 que «concedió personalidad jurídica a las asociaciones de vecinos y les otorgó atribuciones para presentar ante los concejos municipales proyectos de ordenanzas» y además solicitar la reconsideración de otras ordenanzas, siempre que no tuvieran carácter tributario(44). En este punto debemos resaltar la significación que tenía la separación de las elecciones municipales respecto a las presidenciales y de otros cuerpos deliberantes. A partir de esta ley, las asociaciones de residentes y propietarios pasaron a denominarse asociaciones de vecinos(45).

La creación del cargo de alcalde, con atribuciones administrativas, permitió identificar a los candidatos en el proceso de su elección, al tiempo que el Concejo Municipal poseía facultades legislativas y de control. También se estableció la figura del revocatorio del mandato del alcalde, con lo que se reafirmaba la existencia de una representación más participativa en los municipios, concebidos como «unidades políticas primarias y autónomas»(46).

El Reglamento Parcial N° 1 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal define a la asociación de vecinos como la «organización matriz» de la sociedad venezolana y, por tanto, con un papel fundamental en el proceso de consolidación de la democracia. Estas asociaciones debían estar integradas al menos por 50 miembros en áreas urbanas y 20 en rurales, siempre que pertenecieran a comunidades «con lazos y vínculos permanentes, en un barrio, vecindad o urbanización»47. La labor de esas agrupaciones se inscribe en un propósito más amplio que es la democratización, al permitir al ciudadano común su intervención en la toma de decisiones en lo relativo a los espacios de su comunidad.

Diversas eran las posibles acciones concretas que podían realizar las agrupaciones vecinales. Por ejemplo, la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística admitía su participación en ciertas actividades relacionadas con la conservación de parques y zonas verdes, la limpieza de áreas públicas, entre otras48.

Una iniciativa exitosa fue la Escuela de Vecinos, creada en 1980, en la que Elías Santana tuvo papel protagónico. El objetivo de este centro consistía en difundir educación ciudadana mediante la capacitación, información y asesoría a ciudadanos y organizaciones comunitarias. En general, las asociaciones vecinales han utilizado como medios de difusión los programas radiales y televisivos, además de publicaciones periódicas.

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Notas:

(1) Historiadora. Profesora Titular de la Universidad Central de Venezuela. Individuo de Número de la Academia Nacional de la Historia.

(2) Con anterioridad a la fundación de las cámaras de comercio en Venezuela, esas organizaciones ya se habían constituido en otras naciones latinoamericanas: Santiago de Chile (1858), México (1874), Bogotá (1878), Lima (1888) y Guayaquil (1889).

(3) María Elena GONZÁLEZ DELUCA, Los comerciantes de Caracas, Caracas, Cámara de Comercio de Caracas, 1994: 73.

(4) José María HERRERA MENDOZA, Historia de las actuaciones del Banco Central de Venezuela, Caracas, Empresas «El Cojo», 1960: 18-20.

(5) «La Primera Convención Nacional de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción», Boletín de la Cámara de Comercio de Caracas, N° 367, Junio 1944.

(6) «La Primera Convención Nacional de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción», Boletín de la Cámara de Comercio de Caracas, N° 368, Julio 1944.

(7) «La Primera Convención Nacional de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción», Boletín de la Cámara de Comercio de Caracas, N° 367, Junio 1944: 9323.

(8) Ibidem.

(9) «Industrialización y comercio», Boletín de la Cámara de Comercio de Caracas, N° 586, Septiembre 1962: 16.162-16.165.

(10) «Exposición del Sr. Dr. Lorenzo Fernández, Ministro de Fomento, en la inauguración de la XV Asamblea de Fedecámaras», Boletín de la Cámara de Comercio de Caracas, N° 544, Marzo 1959: 17.059-17.069.

(11) «Problemas básicos del desarrollo industrial», Boletín de la Cámara de Comercio de Caracas, N° 610, Septiembre 1964: 17.464.

(12) «El comercio, la libertad y las garantías económicas», Boletín de la Cámara de Comercio de Caracas, N° 668, Julio 1969: 22.040.

(13) Disponible en: https://asamblea.consecomercio.org/organizadores/

(14) María Elena GONZÁLEZ DELUCA, Los comerciantes de Caracas, op. cit., 591.

(15) El 18 de mayo de 2004, la tradicional Cámara de Comercio de Caracas se transformó en la Cámara de Caracas gracias a la incorporación de representantes de los industriales y de la rama de servicios.

(16) José Ignacio URQUIJO, El movimiento obrero de Venezuela, Caracas, Universidad Católica Andrés Bello, 2004: 12.

(17) Ibidem.

(18) Julio GODIO, El movimiento obrero venezolano 1850-1944, Caracas, Editorial Ateneo de Caracas, 1980: 40-42.

(19) Ibid., 44-45.

(20) Rosanna MARINILLI, «Movimientos huelguísticos en 1919», Revista sobre Relaciones Industriales y Laborales, N° 24-25, Enero-diciembre 1989: 66-83.

(21) José Ignacio URQUIJO, El movimiento obrero de Venezuela, op. cit., 14.

(22) Julio GODIO, El movimiento obrero venezolano, op. cit., 64.

(23) José Ignacio URQUIJO, El movimiento obrero de Venezuela, op. cit., 18.

(24) Julio GODIO, El movimiento obrero venezolano, op. cit., 116.

(25) José Ignacio URQUIJO, El movimiento obrero de Venezuela, op. cit., 21.

(26) «Seguro Social», El Universal, Caracas, 31 de octubre de 1944. En 1946 fue creado el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales.

(27) José Ignacio URQUIJO, El movimiento obrero de Venezuela, op. cit., 26.

(28) Ibid., 28-29.

(29) Confederación de Trabajadores de Venezuela, «No existe conquista social o económica que no tenga huella cetevista», CTV, años de historia, Caracas, Confederación de Trabajadores de Venezuela, 1986: 37.

(30) Margarita LÓPEZ MAYA, «El caso de la intervención del BTV», De Punto Fijo al Pacto Social. Desarrollo y hegemonía en Venezuela (1958-1985), Caracas, Fondo Editorial Acta Científica Venezolana, 1989:158.

(31) Ibidem.

(32) José Ignacio URQUIJO, El movimiento obrero de Venezuela, op. cit., 39.

(33) Margarita LÓPEZ MAYA y Luis GÓMEZ CALCAÑO, «Desarrollo y hegemonía en la sociedad venezolana: 1958 a 1985», De Punto Fijo al Pacto Social, Caracas, Acta Científica Venezolana, 1989: 94-98.

(34) José Ignacio URQUIJO, El movimiento obrero de Venezuela, op. cit., 51.

(35) Ibid., 68.

(36) Luis CORSI, «Colegios profesionales», Diccionario de historia de Venezuela, Caracas, Fundación Polar, 1997: 857.

(37) Cutberto GUARAPO RODRÍGUEZ, «Génesis de la Federación Médica Venezolana. Controversias», Revista de la Sociedad Venezolana de Historia de la Medicina, Vol. 60, 2011: 1-2.

(38) Luis CORSI, «Colegios profesionales», op. cit., 857-858.

(39) Ibid., 858.

(40) Gioconda ESPINA y Cathy A. RAKOWSKI, «Movimiento de mujeres o mujeres en movimiento», Cuadernos del Cendes, N° 49, Enero 2002 (versión on line).

(41) José María DUARTE CRUZ y José BALTAZAR GARCÍA, «Igualdad, equidad de género y feminismo, una mirada histórica a la conquista de los derechos de las mujeres», Revista CS, N° 18, Enero-abril 2016: 111-112.

(42) En 1989 se fundó la Coordinadora Nacional de Federaciones de Asociaciones de Vecinos (Confevecinos) que agrupaba a 24 federaciones de todo el país.

(43) Daniel CHÁVEZ y Benjamín GOLDFRANK (Eds.), La izquierda en la ciudad. Participación en los gobiernos locales de América Latina, Barcelona, Icaria, 2004.

(44) Disponible en: http://caracasciudadplural.blogspot.com/2017/10/historia-de-las-asociaciones-de-vecinos.html (Consulta: 2 de mayo de 2020).

(45) Acerca de los movimientos vecinales se puede consultar a: Miguel GONZÁLEZ MARREGOT, «Tras la pista de la participación ciudadana». En: Úrsula STRAKA (Coord.): Búsqueda del Estado Derecho, Caracas, Universidad Católica Andrés Bello, 2015. Del mismo autor: «¿Venezuela: de la participación ciudadana al Estado Comunal?», Cuadernos Posgrado UCAB, 2014.

(46) Nelson GEIGEL LOPE-BELLO, Urbanismo, poder público y participación ciudadana, Caracas, Equinoccio, 1993: 117.

(47) Disponible en: http://caracasciudadplural.blogspot.com/2017/10/historia-de-las-asociaciones-de-vecinos.html (Consulta: 2 de mayo de 2020).

(48) Nelson GEIGEL LOPE-BELLO, Urbanismo…, op. cit., 139.

 

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